14 d’agost 2020

La falsa denunciante de un abuso de menores se enfrenta ahora a 4 años de prisión

La pesadilla frente al sospechoso, José V, de 43 años vecino de Murcia, comenzó cuando se decretó su ingreso en prisión provisional en abril de 2016 acusado de supuestos tocamientos, masturbación y penetraciones a dos menores de 5 y 9 años, familiares entre sí. La Juez ordenó su encierro, diciendo «hay indicios suficientes para a priori imputarle» esos dos delitos de abuso o agresión sexual. Explicó que el médico forense que examinó a las dos menores «considera que el relato de estas es coherente» y recalca que existen «datos colaterales» que vienen a reforzar la denuncia.

A ello se sumaba otra denuncia por abusos sexuales a otra niña de 10 años que ninguna relación tenía con las primeras y, también, que José V ya se enfrentó años antes al peso de la justicia y salió indemne. La Audiencia Provincial de Murcia lo absolvió en junio de 2004 de la violación grupal de una menor en Abanilla por la que fue acusado y por la que pasó más de un año en prisión provisional. Salió absuelto y el Estado le indemnizó con una cuantiosa suma millonaria.

Poco tardo el acusado en contratar los servicios del abogado penalista murciano, Raúl Pardo Geijo Ruiz. En apenas 15 días comenzaron a sembrarse las primeras y serias dudas que luego acabarían en su exculpación. La Juez sostenía en el auto de prisión que, además de los indicios médicos apuntados, fue la abuela de una de las niñas (que ahora se sienta en el banquillo por acusación y denuncia falsa) la que dio la voz de alarma después de que la pequeña le relatase la agresión de la que había sido víctima. La niña refirió que el acusado, al que conoce del vecindario, la invitó a entrar en su vivienda para darle unas golosinas y, una vez dentro, la desnudó, se bajó los pantalones y la obligó a tener sexo oral. La abuela, según explicó, descubrió los hechos al ir a lavar a la pequeña y descubrir que esta no quería que le tocase los genitales al sentir cierto dolor. Al preguntarle, la niña relató a su familiar lo que le había ocurrido. La familia trasladó rápidamente a la menor al hospital donde fue examinada. Los facultativos hallaron en la pequeña ciertos indicios que podrían ser indicativos de un presunto abuso sexual. La abuela de la pequeña explicó a los agentes que, a raíz de estos hechos, recordó que meses atrás había advertido manchas de sangre en la ropa interior de su propia hija, de nueve años. Al preguntarle sobre aquello la niña le confesó que también en ese caso había sido su vecino, José V., el que la había sometido a abusos sexuales, aunque no se lo contó en su momento por miedo.

El presunto pederasta –que no había declarado ante la policía– sí lo hizo ante la Juez y relacionó la denuncia con el hecho de que la denunciante -abuela de una menor y madre de la otra- no cuente con ayudas de los servicios sociales. Sostuvo ante la juez que no siente ningún tipo de atracción por estas niñas, que, subrayó, «están dirigidas por alguien» el abogado de su defensa, el penalista Raúl Pardo Geijo Ruiz fue más allá. Sostenía el abogado murciano, en un duro escrito ante el juez, que la denunciante de estos presuntos abusos -la madre y abuela de las niñas- fue condenada, junto a otra de sus hijas, en un juzgado de instrucción de Murcia por un delito de acusación y denuncia falsa pero, además, según sus investigaciones privadas, esta mujer había interpuesto, entre este año y el pasado, otras cuatro denuncias por presuntos episodios de agresión sexual -contra otras personas diferentes de José V- por lo que el letrado reclamaba a la juez que recabase información sobre estos otros casos. Pardo Geijo Ruiz sostenía que la denunciante «pudo manipular tanto a su hija como a su nieta» e insinúa que tras la acusación puede encontrarse un «fin espurio, no descartando que pueda ser el puramente económico».

Y llegó la libertad. Apenas un mes después, con obligación de no acercarse ni comunicarse de ningún modo (ni siquiera a través de gestos) con las dos pequeñas a las que presuntamente sometió a tocamientos y sexo oral. En caso de incumplir alguna de estas obligaciones se acordaría su reingreso en prisión provisional. Siguió la instrucción y el interrogatorio que realizó el abogado penalista al equipo de psicólogos arrojó algunas sombras sobre el caso. Los expertos concluyeron que «no se puede afirmar, pero tampoco negar» que las menores hayan sido víctimas realmente de esos supuestos abusos. Y es que, a Pardo Geijo no pareció convencerle esa simple respuesta. Tras varios escritos insistiendo ante el Juzgado, los psicólogos acabaron reconociendo que el testimonio «no cumple suficientes criterios de credibilidad y validez». Abría así la puerta, en este caso, a que «la hipótesis más viable» sea que algunos de los supuestos abusos que esta niña asegura haber sufrido a manos del presunto pederasta sean reales, pero quizás la menor haya sido «influida» para realizar «alegaciones adicionales falsas» que, remarcan los expertos, están impidiendo aclarar la verdad del asunto. En otro de los casos, según recogen estos informes, los expertos aseguraron que una de las menores, de 5 años, en la última entrevista acordada por la Juez, dijo que todo lo que había contado era mentira y que había sido su abuela la que se lo había dicho.

Sobreseimiento provisional del caso. Pardo Geijo relataba que «La denuncia es falsa y solo responde a fines puramente crematísticos de la denunciante» y a ello se sumaba la absolución de otra causa por abusos (menor de 10 años) dadas las contradicciones en las que incurrió la menor en su interrogatorio, que acabó reconociendo conocer a las otras dos menores denunciantes. Se había dado carpetazo por dos Juzgados distintos a estas causas que pesaban sobre el presunto pederasta de Murcia y que le podrían haber deparado una pena de más de 25 años. Pero el abogado murciano no se conformó con un sobreseimiento “provisional” y recurrió a la Audiencia de Murcia consiguiendo que ésta decretara el sobreseimiento libre y ordenase a la Juez instructora la apertura de un procedimiento por “Acusación falsa frente a la denunciante”. Ahora, la acusada de imputar abusos a su vecino afronta 4 años de prisión y una indemnización de más 80.000 euros al denunciado. Según sostiene en su escrito de acusación, E.F. acudió el 21 de abril de 2016 a la Policía Nacional de Murcia. «con pleno conocimiento de la falsedad de su relato», sostiene el letrado y denunció que su hija y su nieta, de 9 y 5 años, habían sido agredidas sexualmente por su vecino. El juicio por dos delitos de denuncia falsa frente a esta mujer se celebrará en los próximos meses ante la Audiencia Provincial de Murcia.

13 d’agost 2020

He sufrido en mis carnes el paso por la cárcel siendo inocente.

Miguel Muñoz: ’EN JUNIO FUE CONDENADO A 19 AÑOS POR DOS DELITOS DE ABUSOS SEXUALES A MENORES, Y EL SUPREMO HA TUMBADO ESTA SENTENCIA Y HA QUEDADO ABSUELTO.
Tras pasar 10 meses en prisión, hoy hace 34 días que está en libertad, pero Muñoz informa que “el calvario continúa” porque ahora su exmujer no le deja ni ver a sus hijos ni hablar con ellos por teléfono y que tendrá que denunciarla.

Miguel Muñoz ha sufrido en sus carnes “el paso por la cárcel siendo inocente”, según relata a Confilegal.

El pasado 9 de mayo hizo un mes en libertad, tras 10 meses en prisión. Había sido sentenciado a 19 años de cárcel. 

Miguel Muñoz Herranz (Barakaldo (Vizcaya), 1970) estaba casado, con dos hijos, y trabajaba como comercial de electrodomésticos. Vivía en Barakaldo. Cuenta que en 2012 quedó en paro y “a partir de entonces empezó a tambalearse todo”.

Buscaba trabajo, pero no conseguía y tras un año sin empleo mi matrimonio se rompió. A raíz de ahí, he vivido una pesadilla. Primero mi mujer presentó una denuncia por acoso sexual y a los pocos días me denunciaron la madre de una niña y el padre de otra, amigos de ella, acusándome de violador de niños”, relata con la voz rota.

Cuenta que la primera era “una denuncia falsa que fue archivada”, y que la otra por agresión sexual a dos menores se la pusieron “por actuar como hubiera hecho cualquier padre, intentar que dos pequeñas no se atragantaran comiendo pipas”.

En junio de 2018, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Logroño lo condenó por dos delitos de abusos sexuales a dos menores.

La sentencia la firmaron Alfonso Santisteban Ruiz (presidente), Carmen Araujo García y Fernando Solsona Abad.

Muñoz ingresó en el centro penitenciario de Logroño, con la etiqueta de “violador de niños”, y a los seis meses consiguió el traslado a la cárcel de Nanclares de Oca, en (Álava).

Como ha informado Confilegal, el pasado 9 de abril, el tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudió el recurso de casación presentado por su defensa, el abogado Juan Gonzalo Ospina, y tumbó el fallo.



No es posible la condena penal de un ciudadano si su culpabilidad no ha sido acreditada más allá de toda duda razonable y en este caso no tenemos la certeza necesaria”, destacó.

Explicó que “una de las menores no recuerda lo sucedido y la otra lo ha recordado con una notable duda que cuestiona la fuerza de su declaración”, y añadió que tampoco hay otros testimonios que aclaren lo sucedido.

Inmediatamente tras dictar el veredicto, el magistrado Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado y presidente de este tribunal, envió personalmente un fax a las 14.06 al tribunal sentenciador comunicando el fallo para que Miguel Muñoz fuera liberado.

Quedó en libertad a las 5 de la tarde. Muñoz “no” se lo creía.

Sin embargo, “pese a hacerse Justicia” cuenta que “no” ha “podido recuperar la sonrisa”. “Ni mucho menos”, añade.

La pesadilla continúa”, dice.

Y explica que su exmujer no le deja ver a sus hijos, y que tendrá que denunciarla.

Soy padre y se ha demostrado que no tengo ninguna mancha, quiero disfrutar de mis hijos, y ellos me adoran y también quieren verme”, señala.

Está “pasándolo realmente mal”, él y su madre, por los “golpes” que le está dando la vida.

Cuenta que durante ese tiempo no ha dejado de creer en Dios y de “rezar todos los días”, y que lo que le da fuerzas es que “hay justicia divina”.

Y terrenal”, añade, como dice que ha podido comprobar también “gracias” a su letrado, Juan Gonzalo Ospina, y al tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo, formado por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Alberto Jorge Barreiro, Susana Polo García, Carmen Lamela Díaz y Eduardo Porres Ortiz de Urbina, que fue el ponente de la sentencia.

Su lucha ahora es “recuperar” a sus hijos y conseguir trabajo.Miguel Muñoz, junto a su abogado, Juan Gonzalo Ospina, quien ha conseguido, con su recurso de casación, su libertad.

¿Cuándo y cómo comenzó este “calvario”?
En enero de 2013, tras 25 años con mi mujer –nos conocimos cuando ella tenía 18 años y yo 19-, decidimos divorciarnos. Acordamos convivir bajo el mismo techo mientras movíamos el divorcio, pedir la custodia compartida de nuestros hijos, que entonces tenían 3 y 5 años, hacer los movimientos de cuentas… Yo entonces estaba en paro. Soy comercial, de electrodomésticos, y llevaba ya un año sin empleo. Los principales problemas vienen porque yo antes ganaba de 2.500 a 3.000 euros al mes, y al quedarme en paro pasaba todo el día en casa, sin parar de buscar trabajo.

Me duele porque al casarnos ella se sacó una oposición, encontró plaza en Valencia, y yo dejé mi trabajo para acompañarla. Busqué otro allí, lo encontré y estuvimos 10 años, pero no sentí su apoyo cuando me quedé sin trabajo.

En Valencia nació nuestro primer hijo y entonces nos trasladamos a Barakaldo (Vizcaya), donde nació el segundo.

En junio de 2013 encontré trabajo en Madrid de lo mío, y entonces ella se quedó con los chicos en Bilbao, y yo pasaba en Madrid de lunes a jueves, y los viernes regresaba al domicilio familiar.

En verano, ella se trasladó con los niños, su madre y su hermana al municipio de Arrubal (La Rioja), donde llevábamos veraneando desde hacía 20 años. Su madre tiene una casa allí. Es un pueblo de unos 450 habitantes.El punto encuentro familiar donde Miguel Muñoz se reunía con sus hijos; cuenta que cuando su exmujer no se los llevaba a la hora acordada se quedaba esperando durante horas por si acaso de pronto aparecían; esta imagen es de una de esas esperas, en la que se entretuvo “formando sus nombres con los palitos de madera que hay para jugar”.

¿Y entonces usted iba de Madrid al pueblo los fines de semana?
Sí.

¿Y qué pasó para que que acabara acusado de “violador de niños”?
El 20 de julio de 2013 estaba jugando con los niños al escondite inglés.

¿En qué consiste ese juego para quien no lo conozca?
Consiste en que tú te pones delante y los niños se ponen frente a ti, tú tienes que cerrar los ojos y dices “1,2,3 escondite inglés” y ellos avanzan hacia ti y cuando abres los ojos ellos tienen que estar quietos. Al que hayas pillado moviéndose tiene que retroceder otra vez hasta la línea de partida.

¿Con cuántos niños estaba jugando y qué edades tenían?
Con unos 10, 12 o 14, de edades entre los 5 y los 12 o 14 años.

¿Estaban sus hijos?
Sí, y al pequeño, que entonces tenía 3 añitos, lo llevaba de la mano.

¿Qué hora era?
Las 8 de la tarde, más o menos.

¿Y por qué decidió usted jugar con los chicos?
Porque de lunes a jueves o viernes estaba sin mis hijos y lo que quería era pasar tiempo con ellos. Yo llegaba con traje y corbata el viernes desde Madrid, y sin pasar por la casa de mi exsuegra a cambiarme, me iba derechos a donde estaban a verlos y jugar con ellos. Siempre estaban en el bar de las piscinas.

Uno de los padres que ha denunciado me dijo: pero siéntate con nosotros. Y le contesté que yo estaba allí 48 horas y que lo quería era estar con mis hijos.

¿Quién propuso jugar?
Ellos estaban jugando y yo me integré cuando llegué. Y de hecho, los padres nos veían. Estábamos a 5 o 6 metros de donde estaban.

¿Y qué pasó durante el juego?
Unos niños llevaban chuches, otros pipas, y otros nada. Vi que una niña se metía las pipas enteras a la boca y las masticaba. Le dije: tira eso de la boca, que te vas a atragantar, y como no lo tiró, metí el dedo para sacarle la bola.

Se enfadó un poco porque le dije que comiendo no podía jugar, pero siguió jugando.

¿Y eso mismo pasó con la otra?
Al rato vi que otra también llevaba una bola de pipas masticadas con cáscara en la boca. También le dije que lo escupiera, que no se lo tragara, y no hizo ni caso, así que se lo saqué. Fue una reacción lógica como padre. También había un niño con una escayola que se cayó y lo levanté.

Luego la primera volvió a llenarse la boca de pipas, y yo ya pasé.

No estamos hablando de que se ponen cianóticas, moradas. No estaba nadie atragantándose como para llamar al Samur, sino que era peligroso que se tragaran ese amasijo de cáscaras.

Terminé de jugar y me senté con los padres. Una de las niñas del suceso vino y se sentó en el regazo de su madre al lado de mí. Creo yo que eso no lo hacen con alguien al que tienen miedo porque le ha hecho algo malo.

Estuvimos allí un par de horas más y nos marchamos a casa. Y mi exmujer me puso una denuncia esa noche o la siguiente ante la Guardia Civil. Ahí empezó esta pesadilla.

¿Pero qué denunció?
Yo intenté mantener relaciones con ella. Estábamos en la misma cama, la fui a tocar y me dijo que no. Entonces retiré la mano y seguimos durmiendo.

Denunció que se quería divorciar y que había intentando abusar de ella. Tremendo. Suerte que explicó que cuando me dijo que no, yo me retiré y seguí durmiendo, y al final desestimaron la denuncia.

¿A qué achaca usted esta denuncia?
A que no quiere que tengamos la custodia compartida, que quiere a los hijos para ella.

¿Y la denuncia del caso de las niñas cuándo fue?
A los pocos días. La presentó el padre de una de las niñas y la madre de la otra.

¿De qué lo acusaron?
De abuso sexual de las dos. La denuncia de estas personas se produjo a los tres días de los supuestos hechos, que fueron en viernes, y sábado y domingo yo estuve conviviendo con estas personas en el pueblo y en las piscinas.

¿Y cuándo conoció usted esta denuncia?
El viernes siguiente, cuando volví al pueblo. La Guardia Civil me detuvo en cuanto llegué al bar de las piscinas. Eran sobre las cinco de la tarde.

¿Cómo fue?
Me puse el bañador, me metí en la piscina con mis hijos y estaba jugando con ellos. Mi mujer vino y me dijo que saliera, que habían dos guardias civiles de paisano preguntando por mí.

Los agentes me dijeron que tenía que acompañarlos. Vinieron conmigo al vestuario para que me cambiara, les pregunté que de qué era y no me dijeron nada, sólo que estaba detenido. Me llevaron a dependencias policiales y me dejaron aquella noche allí.

Pasó la abogada de oficio, a la que conté todo lo que pasó. Sentía mucho ahogo y sobre las 11 de la noche pregunté que dónde estaba el juez y que si no me iba a ver nadie.

Dijeron: “Usted tiene que dormir aquí”.

Al día siguiente pasé a disposición judicial ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño, que tras tomarme declaración me dejó en libertad con medidas cautelares. Puso una orden de alejamiento de las niñas y del pueblo, de 500 metros, y que firmara el día 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.

¿Y a partir de entonces qué pasa?
Me volví a Madrid a trabajar.

¿Qué hizo el fin de semana siguiente?
Intenté hablar con mi exmujer llamándola por teléfono y mandándole mensajes porque no podía ir al pueblo, pero yo quería ver a mis niños. Desde ese momento pasé tres meses y medio sin saber nada de mis hijos, hasta octubre. No me cogía el teléfono.

¿Y su familia se intentó poner en contacto con ella?
Sí. Y no se lo cogió a nadie. Mi abogado habló con el suyo y éste dijo que de momento hasta que no hubiera sentencia de divorcio iba a ver a los niños un sábado por la tarde al mes, y en compañía de ella. Tres horas.

Tengo fotos donde estoy jugando en mitad de la plaza con mis hijos y tengo dos cuñados en un lado a unos tres metros y a mi mujer en el otro. Mi madre también me acompañaba, quería estar conmigo y estar de testigo. Ya no nos fiábamos de lo que pudiera hacer esa mujer.

¿Qué caso salió primero? ¿El de las niñas o el del divorcio?
El del divorcio. Fue en mayo de 2014. La sentencia es que puedo ver a mis hijos un fin de semana sí, otro no; la mitad de vacaciones de verano, 45 días cada uno; una semana de Semana santa; una de Navidad; los puentes y los miércoles por la tarde. Con pernocta, algo a lo que se negaba.

Miguel Muñoz, junto a sus hijos, a quienes en estos 10 meses en prisión sólo ha podido ver los últimos cuatro que estuvo en la cárcel de Nanclares de Oca, dos horas al mes.

¿En el juicio salió a relucir el caso de las niñas?
Sí. Mi exmujer sacó recortes de prensa.

¿Y el juicio de las pequeñas cuando se celebró?
Tardó casi 4 años en salir. Estuvo 4 años en instrucción, y mientras yo firmando por juzgados de toda España porque me movía por todo el territorio por mi trabajo de comercial.

El juicio estaba fijado para noviembre de 2017 y no se presentaron los denunciantes. Se volvió a fijar para mayo y hubo otra incomparecencia. Entonces la Fiscalía actuó de oficio y el juicio finalmente se celebró en junio de 2018. Del 17 al 21. Duró seis horas todos los días. Fue horrible.

¿En qué fecha dictaron la sentencia?
El viernes 21 de junio regresamos a Madrid mi abogado y yo, y el martes 25 me llamó el secretario judicial diciéndome que tenía una vistilla el jueves 28.

Volvimos a Logroño, y esto es lo más terrible que me ha pasado en mi vida.

La vistilla duró una hora. Declaré ante el tribunal, repasamos un poco todo, y nos dijeron que había un receso de una hora y que volviéramos a la una.

Me fuí con Juan Gonzalo Ospina a tomar un café enfrente de la Audiencia Provincial de Logroño, no se me olvidará el resto de mi vida, y cuando regresamos al fondo del pasillo había dos policías nacionales.

Preguntaron: ¿Miguel Muñoz? Dije que sí. Los jueces ya no estaban allí, y la secretaria judicial me dijo: firme el auto de ingreso en prisión inmediata. El tribunal, formado por los magistrados Alfonso Santisteban Ruiz, que era el presidente, Carmen Araujo García y Fernando Solsona Abad, me sentenció a 19 años de cárcel.

No tuve derecho ni a elegir la prisión ni nada.

Entonces su abogado presentó un recurso de casación por presuntamente haberse vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, así como por infracción de ley…
Sí. En los cinco años de instrucción no dejaron declarar a las niñas. Lo hicieron en el juicio.

Las niñas estaban en una sala gesell con una psicóloga. Ella llevaba un pinganillo, y le iba trasladando las preguntas con sus palabras: ¿Y a qué jugabais? ¿Y qué hacíais? ¿Y cómo fue? La de 11 ó 12 años entró diciendo que su papá le había dicho que yo era un violador y que tenía que estar en la cárcel.

Y entré en prisión el 28 de junio de 2018. En la de Logroño, donde la gente sabía por qué iba, como “violador de niños”, porque el caso salió en los medios de comunicación regionales. Me metieron a un módulo de respeto con un preso de confianza, y me duchaba con los funcionarios.

¿Tuvo represalias dentro de la cárcel?
Sí. En los primeros días tuve un incidente muy grave, en el patio. Un grupo de internos quería pegarme. Me rodearon de 8 a 10 individuos y me decían: “violador de niños, te vamos a canear”…

Empezaron a zarandearme, a empujarme mientras me preguntaban: ¿Qué has hecho, hijo de p***?, “¿Tú eres el de la tele, no?”.

Un preso vio que aquello se estaba poniendo feo y avisó a los funcionarios.

Aparte de lo duro que era verme en la cárcel por algo que no había cometido, no me dejaron ver a mis hijos.

¿No le dejaron verlos en un punto de encuentro familiar?
Cualquier persona que está en la cárcel, está divorciado y tiene hijos tiene derecho una vez al mes a ir a un punto de encuentro familiar, pero como yo estaba allí supuestamente por pederasta, la trabajadora social no me dejó el tiempo que estuve en aquella prisión, que fueron seis meses, ni hablar con ellos, ni me sacó al punto de encuentro familiar para verlos.

Me dijo algo que me mató: Usted tenía todos sus derechos el 27 de junio, pero ahora ya no, y a sus hijos no tiene por qué ir a verlos, me decía. Yo le contesté: “Pero doña Silvia, ¿qué me está diciendo? Usted no tiene por qué juzgarme”. Y respondió: “No, no, si usted ya está juzgado y 19 años que le han caído”.

Me comí allí seis meses hasta que conseguimos el traslado a Nanclares de Oca (Álava).

La Junta de tratamiento de la cárcel de Logroño no quería que me fuera.

¿Por qué?
Entiendo que por la sencilla razón de que como supuestamente había jodido al pueblo, querían que me jodiera allí, porque aquella cárcel es como de primer grado. No tiene servicios, no tiene comedores especiales…

Cada semana escribía al director, a la subdirectora, y a los psicólogos pidiéndoles el traslado por agrupamiento familiar y que quería ver a mis hijos.

El 14 de diciembre me cambiaron de cárcel y aquello era como la noche y el día.

Allí nadie me preguntó nada. El director de la prisión, D. Benito, que tiene 700 internos a su cargo, vino a hablar conmigo porque sabía que reclamaba ver a mis hijos y me dijo que no me preocupara que los iba a ver, una vez al mes, como me correspondía, y gracias a la trabajadora social, doña Sara, que lo movió todo.

Tenía ducha dentro de la habitación, la comida mucho mejor. Aquella cárcel funciona realmente bien.

En Logroño había ratas, cucarachas y tuberculosis. Eso lo he vivido yo, que me infecté de tuberculosis.

¿Cuándo presentó Ospina el recurso de casación ante el Supremo?
En octubre de 2018.

Y la Sala de lo Penal emitió su veredicto el pasado 9 de abril: absuelto…

El mismo 9 de abril mandan a la cárcel de Vitoria un fax de libertad automática. A las 3 y media llegó la secretaria judicial con un policía diciéndome: He venido a traerte un auto de libertad inmediata. Me eché a llorar. Yo le preguntaba: ¿De verdad, señora? Y el policía sonreía.

Llevaba ya 10 meses en la cárcel. Fue muy duro, pero durante ese tiempo no dejé de creer en Dios y de rezar todos los días. Hay justicia terrenal y divina.

Llamé a Ospina, a mi madre, y hoy hago 34 días en libertad. He vuelto a nacer. Eran 19 años… Ahora estoy en el paro. Me dan una ayuda de 426 euros durante 6 meses prorrogables otros seis y con eso paso pensión de alimentos.

Por fin ha terminado este “calvario”…

No. La cosa se ha agravado.

¿Qué ha pasado?
Nada más salir de prisión, mientras iba en el coche de camino a mi casa, llamé al punto de encuentro familiar para decirles que había quedado en libertad, que no tengo ninguna carga y que le comuniquen a mi exmujer que quería ver a mis hijos al día siguiente.

Con qué ilusión llamé al punto de encuentro y pensaba: “ay, mañana los veo, mañana los veo”..

El miércoles por la tarde me devolvieron la llamada y me dijeron que mi exmujer decía que no, que son sus hijos y que no me los entrega. Ahora tendré que presentar una denuncia para poder verlos.

¿Su madre y su familia los ha visto durante en este tiempo?
No. No les coge el teléfono. No les deja. Mi madre no ha ido a la casa o al colegio por miedo a que la denuncie.

Dos veces me he acercado al campo de fútbol donde entrenan para verlos ¿y sabes lo que ha hecho? Llamar las dos veces a la policía. Vienen, ven que no pasa nada y con las mismas se van porque yo soy libre, cosa que ella no acepta.

El jueves, además, me llamó pederasta y cerdo delante de todas las madres del colegio y de mi hijo pequeño, de 9 años–cuenta con la voz quebrada-.

El jueves presenté una denuncia y el viernes por la mañana tuve un juicio rápido, de esos que van sin abogado ni procurador, y la juez ha dicho que como no hay testigos y no hemos presentado pruebas, que hay sobreseimiento de la causa.

¿Qué está haciendo usted ahora? ¿Buscar trabajo?
Sí, no paro de buscar trabajo, pero tengo 49 años y no será fácil.

¿Y cómo está su madre?
Gracias por preguntar por ella, porque está mucho peor que yo –dice llorando-. El viernes se echó a llorar diciendo: “si no me han dejado decir nada en el juicio, hijo”. La dejaron declarar, pero la juez dijo que como es mi madre, es parte. Y añadió: “La dejo declarar y no sé por qué”.

¿Teme que sus hijos crean que no quiere saber nada de ellos ni usted ni su familia?
He ido varias veces a verlos al colegio, en el recreo, a través de la verja y he podido hablar con ellos.

Se ponen contentísimos. “¿Papá, ya estás fuera? Te vamos a ver”, me decían. Ahora tienen 13 y 9. Todo esto me parte el corazón.

He de contar otra cosa. Somos cuatro hermanos, y con uno llevaba 15 años sin hablar, como pasa en muchas familias. Yo soy el mayor de todos.

Hace dos años me llamó un día y me dijo que tenía que contarme algo muy importante, pero que me lo quería decir a la cara. Me reuní con él y me contó: “Ha venido tu mujer a decirme que si me ponía de parte de ella, que te ha denunciado, que te va a meter en la cárcel y que te va a quitar a los niños. Me ha dicho que has hecho esto con unas niñas, ¿es verdad?”. Le dije lo que había pasado.

¿Y qué le contestó él a su exmujer?
A pesar de lo que yo tenga con él es mi hermano, y no te pienso ayudar en esta mentira”. Eso le contestó. Y cuando ella vio que no la ayudaba le espetó: “Lleva cuidado con tu hija cuando esté con tu hermano”.

Después de 15 años he recuperado a mi hermano. ¿Sabes lo malo?

¿Qué?
Que ahora en junio los niños tienen vacaciones, y como se los lleve al pueblo los pierdo, porque aquí puedo ir a verlos, porque no tengo medios.

Está a 180 kilómetros, estoy en paro y no puedo ir sólo para intentar verlos, que igual ni los veo.

En Barakaldo puedo ir donde estén jugando. Les veo de lejos y lloro (rompe en llanto).

11 d’agost 2020

Gràcies

 Sello Moltes Gràcies en catalán y tipografía manual tipo brush

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Els centres de menors, preocupats per com es garantirà la seguretat en la sortida dels infants per Ariadna Comas.

L’anunci de l‘inici del desconfinaments dels infants a partir del dia 27 preocupa als treballadors socials, que fan la seva tasca en centres de menors. Fins ara, s’han trobat amb les limitacions d’espai d’aquests equipaments per poder complir amb les mesures preventives i d’aïllament decretades per les administracions.

El sindicat UGT explica que les instruccions que han rebut per part de la Direcció d’Atenció a la Infància per abordar la crisi del coronavirusno es poden posar a la pràctica perquè la majoria d’instal·lacions no tenen espais per poder aïllar els usuaris”. “Els lavabos són compartits, els espais també i les habitacions estan ocupades per quatre o cinc nens”, diu Pedro González, responsable d’UGT dels centres públic.

La principal preocupació, els tests

Les proves per detectar la covid-19 no estan arribant als centres de menors. Sense aquestes proves, els professionals no poden saber quins usuaris han estat contagiats. Un requisit “imprescindible davant de la nova situació que se’ns planteja amb aquesta sortida al carrer dels infants”, assegura David Rodríguez, membre del Col·legi de Treball Social. Rodríguez també demana un protocol d’actuació per afrontar aquestes sortides i, sobretot, la dels escapoliments. És a dir, d’aquells menors que fugen dels centres i que, després hi tornen a accedir. En aquests casos, proposa que els usuaris que hagin marxat amb les seves famílies puguin quedar-s’hi. “Ara mateix aquesta tornada al centre pot posar en perill 20, 30 o 40 persones“, afegeix Pedro González.

Els sindicats qüestionen la DGAIA

El sector social CGT afirma que “la crisi sanitària ha deixat al descobert la nefasta gestió de la DGAIA” i que les directrius als centres han estat “improvisades” i “negligents“. Per la seva banda, la UGT demana responsabilitats a la direcció general per la “seva incapacitat de donar respostes i suport a les necessitats que viuen els centres de menors durant aquestes cinc setmanes de confinament”. “Estem abordant la solució dels problemes del dia a dia sense més mitjans que els propis recursos”, diu Pedro González.


Fonts de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència desmenteixen aquestes acusacions. Afirmen que, els problemes per abastir en un inici els centres de material de protecció han estat els mateixos que s’han trobat totes les administracions, però que aquests ja han arribat. Pel que fa als tests, afirmen que és competència del Departament de Salut i que, els protocols pel desconfinament dels menors s’elaboraran quan aquesta mesura estigui aprovada definitivament.


Qui són els sensesostre? per Anna Basanta


Sovint escolto que les persones que viuen al carrer ho fan perquè volen, que són delinqüents o que són perilloses. Imagino que en qualsevol sector de la societat pot haver infractors, però ni és exclusiu de les persones sense sostre ni és majoritari en el sector del sensellarisme.

No conec ningú que faci aquestes afirmacions sobre la suposada maldat dels sensesostre i que hagi parlat amb ells. Parlar amb ells i elles, passar hores, vol dir saber que, per exemple, el senyor (no posarem nom) va treballar sense contracte en una obra de la construcció i després de caure, quedar ferit greu i passar mesos a l'hospital, no va tenir dret a atur ni a una indemnització. Quan li van donar l'alta, va començar a viure al carrer.

Parlar amb ells significa saber que troben a faltar a parelles que un dia van tenir, a fills que estan en una llar amb algun familiar, i vol dir també veure que l'alcohol és el que moltes vegades pren la paraula.

Parlar amb ells significa saber que a un altre senyor (del qual tampoc donarem nom) li van robar la cadira de rodes mentre dormia a la vorera. Va romandre hores assegut al terra fins que algú va anar a preguntar-li si estava bé.

L'HABITATGE
Parlar amb ells significa no entendre exactament per què han arribat a aquesta situació. N'hi ha de joves, grans, espanyols, estrangers, homes, dones, tristos, optimistes, callats, agraïts, amb drogodependències, amb malalties mentals, amb intenció de tenir una habitació pròpia.

Aquesta última és la gran diferència: l'habitatge. La resta de característiques (edat, malalties, etc.) es donen en la resta de sectors de la societat. El que tenen en comú les persones sense sostre és que no tenen casa, i la vulnerabilitat que suposa dormir al carrer.

La resta, haver delinquit o no, tenir millor o pitjor salut, anar net o brut, no és exclusiu de les persones en situació de carrer.


08 d’agost 2020

¿Qué es (y qué no es) una denuncia falsa? por Marisa Kohan

Las denuncias falsas tienen que ser probadas y sentenciadas. De lo contrario, rige la presunción de inocencia.

Durante las últimas semanas muchos medios de comunicación españoles se han entregado a publicar informaciones en torno a la asociación Infancia Libre en las que se acusa abiertamente a varias madres, y a los profesionales que las atienden, de poner en marcha una especie de entramado de denuncias falsas contra sus exparejas. Noticias sin fuente identificada o identificable alguna que repiten, como un mantra, que existe un supuesto modus operandi común entre todas ellas: acusar a los progenitores falsamente de abusos sexuales contra sus hijos para incumplir el régimen de visitas, con la supuesta connivencia de algunos profesionales.

Los citados medios olvidan mencionar que presentar una denuncia falsa es un delito y, que se sepa hasta ahora, ninguna de las mujeres detenidas por la Policía está siendo investigada o procesada por dicho delito.

Lo que sí hay es una gran cantidad denuncias que no llegan a juicio: naufragan por el camino debido a la enorme dificultad de demostrar los abusos a menores. Pero una denuncia sobreseída no es, ni mucho menos, una denuncia falsa. Ni en los casos de violencia de género (otro campo en el que abunda esta acusación), ni en el de abusos y agresiones sexuales a menores.

Público ha consultado con juristas y abogadas para clarificar qué es una denuncia falsa y en qué circunstancias se puede determinar que lo es.

¿Qué es una denuncia falsa?
Una denuncia falsa en un proceso judicial consiste en imputar hechos ilícitos a alguna persona sabiendo que los hechos denunciados no son ciertos. En términos jurídicos se conoce como un delito “pluriofensivo”, porque se entiende que no sólo ataca a la persona falsamente acusada, sino también a la administración de justicia que ha puesto en marcha mecanismos procesales.

¿Es delito presentar una denuncia falsa?
Sí lo es. Tal como explican varias juristas y abogadas a Público, una denuncia falsa es un delito doloso, que puede acarrear penas que van desde una pena económica hasta dos años de prisión, en los casos más graves. Como todo delito, precisa de un proceso penal que acredite que los hechos no han existido o que fueron inventados. Mientras no exista una sentencia firme sobre la falsedad, rige el principio de presunción de inocencia.

¿Una denuncia desestimada por falta de pruebas puede entenderse como una denuncia falsa?
En absoluto. Cuando una causa es desestimada durante el proceso de instrucción (investigación), significa que las pruebas presentadas o investigadas no han sido suficientes como para romper la presunción de inocencia que tiene todo individuo y que está reconocida por la Constitución. Esto aplica a las denuncias de abusos sexuales, a las de violencia de género y a cualquier otro tipo de acusación de hechos delictivos.

¿Existe alguna relación entre el sobreseimiento de una causa y la denuncia falsa?
Tal como explican las expertas, existen dos tipos de sobreseimiento: el libre y el provisional. El sobreseimiento provisional se produce cuando los hechos denunciados no pueden ser probados, pero no significa que no se hayan producido ni que no sean delito. Simplemente, el juez o la jueza considera que no ha habido suficiente carga de prueba a lo largo de la instrucción del caso como para romper la presunción de inocencia del denunciado y emitir una condena. En estos casos se procede a un archivo de la causa, que podrá reabrise en el futuro en caso de que se aporten nuevas pruebas. La mayoría de las investigaciones por violencia sexual hacia los menores acaban dentro de esta categoría.

El sobreseimiento libre se produce cuando puede acreditarse que el hecho denunciado no ha existido o sí ha existido pero no es delito. En este caso sí podríamos estar ante una denuncia falsa, pero para que esta sea considerada como tal es preciso poner en marcha una investigación y el consiguiente proceso penal que concluya en sentencia.

¿Qué puede dar lugar a iniciar un juicio por denuncia falsa?
Para que se pueda iniciar un procedimiento judicial por denuncia falsa, es preciso primero que exista un sobreseimiento libre o una sentencia absolutoria que declare probada la inocencia del acusado. A partir de ese momento puede abrirse la vía para iniciar una acusación de denuncia falsa.

Si un acusado es absuelto del delito que se le atribuía, ¿significa que la denuncia era falsa?
No. La absolución se da cuando una sentencia judicial determina que una persona no es culpable del delito por el que ha sido juzgada. El acusado es por tanto inocente. La absolución puede darse porque no se han aportado pruebas suficientes para romper la presunción de inocencia. Sin embargo, una absolución no lleva implícita la existencia de una denuncia falsa. Para que exista esta, es necesario que quien denunció fuese consciente de que los hechos imputados no se corresponden con la realidad. Las denuncias falsas tienen que ser probadas y sentenciadas. De lo contrario, rige la presunción de inocencia, al igual que en todos los demás delitos.

06 d’agost 2020

Per què no podem evitar dir mentides? per Dàlia R. Bonet

Per mentir s'entén l'acte de fer, voluntàriament, una asserció contrària a la veritat. Però en aquesta definició hi caben molts matisos i diferents graus de mentida. Existeix la mentida "pietosa" que deixem anar quan fem tard i diem que estem de camí, però la realitat és que encara no hem sortit de casa. Tècnicament és una mentida, però podria entendre's com a petit engany, perquè en realitat sí que tenim la intenció de sortir de casa. Només estaríem distorsionant el temps real.

També existeix la mentida per evitar reprimendes, com la que diem al nostre cap quan arribem tard a la feina. Ens justifiquem dient que hem anat al metge, en comptes de dir-li la veritat, que és que ens hem adormit.

Són mentides diferents, però tenen una cosa en comú: el nostre cervell dóna la ordre d'explicar una versió de la realitat que s'ajusta millor als nostres interessos. Ara bé: som realment conscients de la quantitat de vegades que arribem a mentir al llarg del dia? Quines són les raons per les que majoritàriament enganyem al nostre interlocutor?

Un estudi de la Universitat de Michigan fet sobre una mostra de 1000 adults revelava que deixem anar una mitjana de 1,65 mentides al dia. D'altra banda, la investigació The Many faces of lies, Bella M. DePaulo va concloure que les mentides diàries es poden agrupar en 5 categories diferents: les persones que menteixen sobre els seus sentiments i opinions; les que menteixen sobre els seus plans, allò que fan o on són; les que enganyen sobre els seus coneixements, èxits i fracassos; i per últim, les que menteixen sobre fets i possessions personals.

Raons per mentir

"A vegades la realitat és dura i taxativa, no tothom està preparat per afrontar-la i el que fa és evitar-la perquè no pot o no sap regular certes emocions desagradables que podrien activar-se", explica Paula Folch, psicòloga i coach experta en desenvolupament personal i lideratge del Col·legi de Psicòlogia de Catalunya. Per exemple —acota l'especialista— persones molt perfeccionistes, exigents i amb por al judici, davant la culpa que senten per la possibilitat de cometre un error, prefereixen no reconèixer-lo, per por al què diran i al càstig. En definitiva, per por a no ser estimats

Així doncs, la mentida funcionaria com un mecanisme de defensa, conscient o inconscient, que ens serveix per protegir-nos, evitant afrontar la situació. El tema de fons és no mostrar-nos vulnerables quan interpretem un perill i la mentida pot funcionar perfectament com a escut.


La mentida funcionaria com un mecanisme de defensa, conscient o inconscient, que ens serveix per evitar afrontar situacions

Tipus de mentida

El rang de mentida pot anar des de l'autoengany, a la omissió de la veritat, passant per mentides inofensives i pietoses, fins arribar a les mentides més cruels —com la voluntat intencional de fer mal a l'altre.

Folch ho explica de la següent manera: "L'autoengany és més inconscient i subtil donat que, per identificar-lo, es requereix un treball d'autoconeixement. En aquest cas, poden haver-hi resistències que ens portin a no veure amb claredat la veritat. Un exemple d'autoengany seria no assumir una limitació pròpia perquè fer-ho seria acceptar com som realment i, això, a vegades, és dolorós".

En un altre extrem hi hauria els mentiders compulsius, que són aquells que no poden evitar mentir. Bryan H. King, psiquiatra de la Universitat de Los Angeles va determinar en un estudi que allò que uneix a tots els mentiders patològics és que expliquen històries que no són del tot impossibles i que no les expliquen per obtenir-ne un benefici. Tampoc es podrien definir com a deliris. El que pateix aquesta patologia no sap distingir la mentida de la realitat, perquè té una disfunció del sistema nerviós central.

Allò que uneix a tots els mentiders patològics és que expliquen històries que no són del tot impossibles i que no les expliquen per obtenir-ne un benefici.

"Les mentides més greus serien les que s'acompanyen de la intenció conscient d'ocultar la veritat, sigui per la raó que sigui. Per exemple, per manipular l'altre, per aconseguir el que es vol, per fer mal o per alimentar el propi ego (sentir-se important, ser més que l'altre, aconseguir més poder...). En aquest cas, la persona que menteix aparentment és per benefici propi però el primer en fer-se mal és a sí mateix", acota Folch.

El límit ètic

Però com que la línia que separa la omissió de la veritat i un petit canvi en la versió de la realitat és tan fina, caldria establir uns paràmetres que ens permetin delimitar que és ètic i que no. 

Aquí és on comença un debat al que és difícil posar fi. Primer perquè és important recordar que dir la veritat és un obligació moral que aprenem de petits. Quan ens fem grans, però, hem d'afrontar-nos a preses de decisions constants, en les que hem de discernir si allò que ens convé passa per sobre d'allò que pot fer mal a l'altre o d'allò que es considera èticament correcte.

Al final, "la veritat és important, però la clau està en observar com ens fa sentir mentir", resumeix Folch. Si la mentida ens genera un conflicte intern, per tant, és una senyal inequívoca de què cal tenir una conversa amb nosaltres mateixos i valorar si és millor dir la veritat i afrontar el que ens pugui caure a sobre, que no pas seguir amb la mentida que ens va collant la consciència.

La canalla menteix o s'imagina?

https://www.santpereclaver.org/pdf/Criatures-6desembre14.pdf

04 d’agost 2020

“El risc de l’abús existeix on hi ha desigualtat i opacitat” per Oriol Amorós

Oriol Amorós (Barcelona, 1970) ja fa uns anys que brega amb els assumptes d’immigració i igualtat a la Generalitat. Concretament, és secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i no es mossega la llengua a l’hora de criticar l’oportunitat perduda de l’Estat espanyol per regularitzar una part important de la població migrada durant el confinament. “Són els menys visibles”, diu, els que probablement patiran més la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia.

Amorós és partidari que “la gent vingui amb papers, treballi amb contracte, pagui impostos, no necessiti ajudes socials, participi de la societat amb drets i deures”. “Això és molt més desitjable”, diu, i assenyala, sense embuts, que cal tancar el CIE, perquè és un “símptoma que el sistema migratori no funciona”. A més, enumera en detall totes les reformes que estan impulsant des que la secretaria hagi assumit, el gener d’aquest any, la subdirecció general de Lluita contra la Violència Masclista. “O deixem de tenir relacions desiguals o això no s'arreglarà”, sentencia.

És el col·lectiu de persones migrades un dels que pot sortir més perjudicat de la pandèmia i les seves conseqüències?
Quan ens vam reunir a la Taula de Ciutadania i Immigració per analitzar els efectes de la crisi derivada de la Covid-19, vam estar d’acord que les persones que poden patir-la més, a banda de les persones d’edat avançada, són les menys visibles a les polítiques públiques. 

Quines són aquestes persones “invisibles” a les polítiques públiques?
Les persones que no estan empadronades, per exemple, i no poden accedir als ajuts socials d’urgència, que no suposen una gran despesa per a l’administració, però que són clau per superar moments difícils. També hi ha la població que està en situació d’irregularitat administrativa. Òbviament, aquestes persones necessiten esmorzar, dinar i sopar cada dia i, en canvi, si no poden treballar, només tenen com a recurs l’economia submergida. Tothom hauria de treballar amb un contracte, però la realitat ens diu que l’economia submergida, en els períodes de crisi, fa un efecte coixí. Amb aquesta crisi, amb el confinament, hi ha hagut moments en què tota aquesta economia submergida ha desaparegut. El que vivia de la venda ambulant o les treballadores de les cures sense contracte s’han quedat sense cap ingrés. 

“Amb el confinament, l’economia submergida ha desaparegut, el que vivia de la venda ambulant no té cap ingrés

Arran de la pandèmia, les entitats i la Taula de Ciutadania i Immigració han exigit de nou a l’Estat espanyol la regularització de les persones migrades. Era el confinament una oportunitat per fer-ho?
El confinament ens podia haver donat unes quantes oportunitats, sí. Primer, podíem fer aflorar, amb els empadronaments, la població real del país per poder-hi arribar amb totes les polítiques públiques. Segon, mentre les fronteres estaven tancades, sense mobilitat exterior, o ara, en què encara és molt reduïda, crèiem que era un bon moment per posar en ordre el país. Quan l’any passat exigíem la regularització, hi teníem en contra l’argument de “No, no fem la regularització, perquè farà un efecte crida”. Ara, aquest argument no el tenien. Tercer, perquè en un moment de crisi econòmica, qualsevol persona que tingui una oportunitat de treballar l’ha de poder aprofitar. Per sortir de la crisi, volem que tothom que treballi ho faci amb un contracte i contribuint al finançament de les arques públiques. A més, hi ha un quart element: la immensa majoria de la població en situació d’irregularitat és jove i haurien de poder-se guanyar la vida. Que hi hagi persones joves a la cua del Banc dels Aliments no té cap sentit! Per tots aquests arguments, hem donat suport a les demandes de regularització.

Quins arguments li heu donat a l’Estat perquè s’avingués a regularitzar aquesta població?
Hi havia la proposta general, fer una regularització aprofitant el moment de fronteres tancades. Si l’Estat no s’hi avenia, com a mínim perquè tingués efectes immediats, proposàvem aprofitar les vies que ja existeixen per a alguns col·lectius. El govern espanyol podia aprofitar, per exemple, l’article 127 del reglament, que ja existeix, que està aprovat, que no requereix fer cap llei ni tenir cap debat al Congrés amb VOX. També els plantejàvem una modificació puntual de l’article 124 del reglament, que regula l’arrelament social, el que demana tres anys de residència, un contracte d’un any de durada i no tenir antecedents penals. Perquè, ara, qui trobarà una oferta laboral d’un any sencer?

A quins col·lectius concrets pot beneficiar aquesta modificació?
Nosaltres el que li diem al govern espanyol és que permeti, per exemple, ofertes de tres mesos perquè la gent que va a la campanya de la fruita pugui aprofitar-la per regularitzar-se. O que la gent que pot donar suport puntual, mentre duri la crisi sanitària, a les residències de gent gran ho pugui fer. O les treballadores de les cures, que la majoria treballen sense contracte, i pensàvem que era un bon moment per fer net en aquest sector. O el col·lectiu de joves migrants sols. 

“És probable que al setembre comencin a caure en la irregularitat una pila de joves migrants sols. És molt greu!”

Les entitats han denunciat que als joves migrants sols, si no aconsegueixen el permís de treball amb una oferta laboral d’un any, fet que és pràcticament impossible, encara més en el context actual, no se’ls renova el permís de residència a no ser que tinguin uns ingressos d’almenys 2.100 euros mensuals. Qui va determinar que fos així?
Això ve d’una sentència del Tribunal Suprem, que va fer una barbaritat, una altra més. Com que el govern espanyol es va adonar de la bestiesa que suposava, va aprovar la pròrroga dels permisos de residència vigents fins al 31 de desembre de tots aquells joves que haguessin de renovar-lo durant l’estat d’alarma, és a dir, fins al 22 de juliol. Però tots aquells que l’han hagut de renovar un dia després de finalitzar l’estat d’alarma, no entren en la pròrroga! Com que els tràmits d’estrangeria es poden allargar fins a 90 dies, és probable que a partir del 21 de setembre comencin a caure en la irregularitat, un rere l’altre, una pila de joves migrants sols. És una situació gravíssima! I un incompliment de la mateixa Llei d’Estrangeria, que diu a l’article 35 que s'ha de procurar la inserció social i laboral d'aquests joves. Li hem demanat a l’Estat espanyol que ho corregeixi, i no hi ha manera.

Què cal fer per canviar la percepció que té una part de la ciutadania catalana sobre les joves migrants sols, que es troben en una situació de desemparament i que, en el millor dels casos, acaben en l’economia submergida i, en el pitjor, cometent petits delictes?
Primer, garantir la inserció. Segon, modificar les lleis. Tercer, conèixer-los. En una població del litoral català hi havia una percepció bastant negativa dels joves migrants sols, però vam iniciar un programa de mentoria, amb la col·laboració de l’ajuntament i les entitats del poble. Hi van participar uns 15 nois que tenien un mentor del municipi i la percepció va canviar radicalment, perquè un col·lectiu amb un seguit d'etiquetes i estigmes es va convertir en l’Abdul, l’Abdelkader o el Mohamed. En veure aquells nois, veien les circumstàncies que els havien fet marxar de casa, com lluitaven per poder tirar endavant i ajudar la família, amb quina voluntat ho fan… I, finalment, quart, que el delicte reiterat sigui un agreujant. Nosaltres volem igualtat, drets i deures per a tothom, lluitem contra el racisme i els estereotips i, si hi ha algun noi que comet delictes, tingui l’origen que tingui, haurà d’afrontar la seva responsabilitat davant de la justícia. 

Ha dit que no hi ha manera, amb l’Estat espanyol. No ha rebut les vostres peticions?
Les ha rebut i les ha respost.

I què ha respost?
El govern espanyol ha respost que faran una reforma del reglament i que hi contemplaran les nostres propostes. Però el darrer procés de reforma del reglament va durar tres anys! Suposant que ara anessin molt ràpid, menys d’un any no duraria. I el problema el tenim avui. Les persones que no sabem si hi són o no hi són. Les que podrien trobar un lloc de treball i contribuir a la sortida de la crisi. Els joves que han de renovar el seu permís... Això és avui, no d’aquí un any. A més, han circumscrit les millores al reglament, però no en tots els àmbits. 

“Hi ha milers de treballadores de la llar en situació d’opacitat. Sovint pateixen l’abús laboral i personal i, en alguns casos, sexual”

En quins àmbits no ho han entès?
Amb les treballadores de les cures. 

Per què?
No s’adonen que hi ha milers de dones en una situació d’opacitat. Aquest tema és especialment greu, perquè existeix el risc de l’abús en qualsevol circumstància en la qual hi hagi desigualtat i opacitat. Si una persona està indefensa davant d’un contractador i ningú no sap que aquella persona treballa allà, no té drets sindicals, no té contracte, no té jurisdicció laboral i es pot abusar d’ella.

Passa moltes vegades? Quina mena d’abusos pateixen les treballadores de la llar?
Massa vegades. Pateixen abusos laborals, amb jornades interminables, amb descansos que no es compleixen, amb baixes de malaltia que tampoc existeixen. Es produeixen també abusos personals, en el sentit de limitar l’autonomia, de limitar els seus espais de descans, les relacions personals. I també hi ha l’abús sexual. En aquest col·lectiu, els dos únics informes que ho estudien, un que va fer la Fundació Irla i l'altre que vam fer al nostre Departament, constaten uns índex de prevalença de la violència, l’abús i l’assetjament sexual molt superiors a la mitjana catalana, que ja és inacceptable. 

Amb el confinament s’han agreujat aquestes violències contra les treballadores domèstiques?
Ens han fet arribar casos, sí, com el fet que s’hagin vist forçades a treballar d’internes. Ho han acceptat voluntàriament, però en el fons sense cap ganes. Era o treballar d’internes o quedar-se sense feina. També hem rebut queixes de dones que mantenien una llar de ciutat i han passat a mantenir una casa, quadriplicant la feina, perquè la família ha decidit confinar-se en una casa a la Cerdanya... Aquests casos els coneixem. N'hi ha hagut. Per tant, aquí hi ha un col·lectiu que també hauria de ser prioritari en un procés de regularització. I la resposta ha estat que no, jo diria, fins i tot, que hi ha desinterès. Amorós afirma que, durant el confiament, moltes treballadores de la llar s’han vist obligades a acceptar feines d’internes, però sense cap ganes. “Pateixen massa abusos”, diu

El confinament també ha fet augmentar les violències masclistes, en general, no?. 

Durant el confinament la violència masclista ha augmentat molt. La necessitat d’ajuda ha crescut entre el 40% i 100%. Però confinament a banda, tampoc és que estigui baixant. Ha augmentat la conscienciació? Sí. Han baixat les xifres? No. Tenim un problema greu. I això només té una solució, que és erradicar la causa profunda, el masclisme. Això requereix una implementació lenta, però sense pausa. La pitjor expressió de la desigualtat és la violència masclista. O deixem de tenir relacions desiguals o això no s'arreglarà.

“La pitjor expressió de la desigualtat és la violència. Això només té una solució: erradicar la causa, el masclisme”

Des del gener la secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania també ha assumit la subdirecció general de Lluita contra la Violència Masclista. Quines mesures esteu engegant?
Hem impulsat els serveis substitutoris de la llar, que són pisos d’acollida de dones que han patit violència masclista. Cada pis té dues places. Hem passat de tenir-ne nou el 2019, a tenir-ne 25 i acabarem l’any amb 43. Per tant, multiplicarem per quatre i mig els pisos que hi havia. No per gust, sinó que ho fem perquè la necessitat no estava coberta. Volem poder dir amb veu alta i clara que cap dona que necessiti marxar de casa no ho pugui fer. 

També heu impulsat el servei d’intervenció especialitzada, oi?
Sí, en aquest servei és on les dones que han patit violència masclista fan el seu procés de recuperació. Una dona que ha patit violència masclista té molt afectada l'autoestima, perquè la violència es basa en la destrucció de la persona, en anar posseint i afeblint, en anar fent sentir petita a la dona, i per tant, la recuperació té un component psicològic molt important. Així, el servei té quatre psicòlogues, dues d’adults i dues de criatures, una jurista i treballadores socials. D’aquests serveis en teníem vuit i, ara mateix, ja en tenim 13. Quan acabem l’any, en seran 16. En un any, els haurem doblat.

I l’acollida d’urgència, que és de gran necessitat, com alerten les entitats?
Fins ara només 74 municipis tenien aquest servei. A partir d'aquest any, tots els municipis de Catalunya tindran un servei d’atenció a la urgència. Estarà implementat a finals d’any. Una part depèn de nosaltres, i ja hi hem destinat el finançament necessari. Ara, falta que els municipis ho acabin de desenvolupar. I l’altra cosa que hem fet és augmentar els nostres serveis d’atenció a la urgència que donen suport als municipis. Fins ara en teníem un amb sis places, i a partir d’ara en tindrem dos amb 12 places. 

I què pot fer la Generalitat, amb les competències que té, per ajudar les treballadores de la llar?
Fa un any, el Govern va acordar donar suport a les treballadores de les cures i vam començar a fer cursos perquè poguessin fer el servei de primera acollida, tenir l’informe d’arrelament, i a partir d’aquí tramitar-lo. En aquest mateix acord, hi havia una quinzena de mesures: formació en riscos laborals, en l'ús de productes químics, en treball postural… També hem fet una campanya de divulgació que vam dissenyar amb les entitats per conscienciar la població que s’ha de contractar. I, ara, els pròxims dies, sortirà un ajut de 2.685 euros per a aquelles persones que facin un contracte a una treballadora de les cures perquè regularitzi la seva situació administrativa. 

“Els pròxims dies sortirà un ajut de 2.685 euros per a les persones que facin un contracte a una treballadora de les cures”

Per què de 2.685 euros?
Perquè volem compensar els costos que té una persona en fer un contracte legal, és a dir, si jo pago un salari mínim en negre o pago un salari mínim complint la legislació, la diferència és de 2.685 euros, en el règim de la llar. Ara, ja no hi haurà excusa. És més, el contractador s'estalviarà diners, perquè quan faci la declaració de la Renda, podrà deduir-ne un 20% i, en diferents excepcions, fins al 45%.

Creu que amb l’ajuda podran formalitzar un sector que és, majoritàriament, informal?

Volem que les coses es facin bé. Invertirem 2,4 milions d'euros, i això ens permetrà arribar a unes 1.000 dones. 

Així, no arribarà a totes les que ho necessiten...
Les que ho necessiten són moltes més, efectivament. També és veritat que tenim el gran obstacle de la Llei d’Estrangeria i, per tant, només s’hi podran acollir les que hagin passat la tramitació de l’arrelament social. Malgrat tot, que passin d’estar en situació irregular a tenir un contracte laboral és una transformació radical en la vida d’aquestes persones.

Una de les ajudes també vol fomentar que aquestes treballadores creïn cooperatives.
Sí, un o dos dies després de l’ajuda a la contractació sortirà una altra convocatòria per a entitats per donar suport a l’arrelament social. Hi haurà ajuts per a la formació en línia i hi haurà una línia per a entitats que fan assessorament jurídic. I també donarem suport a la gestió de cooperatives. Les cooperatives, a curt termini no produeixen grans números, però és una via interessant, perquè les treballadores són les que dirigeixen la seva empresa, ajuda a l’apoderament. A més, podran mancomunar les peticions, és a dir, la cooperativa pot fer una contractació de 40 hores, però el treball de cures pot ser de dues hores en una casa, quatre en una altra…

A la secretaria també heu impulsat plans amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Hi ha un projecte que va començar fa dos anys, la línia ACOL. L’Ajuntament de Barcelona ja l’havia impulsat, però la Generalitat és la primera administració amb competències de treball que ho ha fet a tota Europa. Vam treballar perquè hi haguessin ofertes de treball amb finançament públic en entitats sense ànim de lucre que servissin per a la regularització de persones. Evidentment, no podem arribar a les més de 100.000 persones en situació d’irregularitat que hi ha a Catalunya, però sí que ho estem intentant amb totes les que tenen una situació especialment difícil i que, si tenen papers, poden arreglar-la. Si el 2018 van acollir-se 85 persones, el 2019 en van ser 110 i aquest 2020 també farem la mateixa xifra. L’ACOL, a més, ha fet que moltes entitats coneguin el tràmit d’arrelament. Moltes d'elles fan assessorament a les empreses i, amb aquesta pràctica, han vist que pot ser una altra font de demanda de treball en el sector privat.

La Llei d’Estrangeria és el gran escull per a la regularització, però, a més, el conseller Chakir el Homrani ha fet notar que les subdelegacions que atenen les peticions d’arrelament i asil estan col·lapsades.

L’arrelament social és un procediment complex que tothom coneix, però, a més, la seva gestió en les subdelegacions del govern espanyol és difícil, sí. Sobretot les de Girona i Barcelona estan una mica més col·lapsades i tenen una situació de saturació important. També per aquest motiu hem parlat amb la delegada del govern espanyol per oferir el nostre ajut en la tramitació d’aquests arrelaments socials. Amb les treballadores de les cures, per exemple, a través de la nostra subvenció, els expedients els prepararem i els donarem al govern de l’Estat, de tal forma que esperem que la tramitació, que moltes vegades és d’entre tres i quatre mesos, vagi més ràpida.

“El CIE priva de llibertat a persones que no han comès cap delicte. És un símptoma d’un sistema que no funciona”

I què pot fer el Govern per fer emergir aquesta “població real” en els padrons de què parlava. La Generalitat pot motivar els empadronaments sense domicili fix?
No, no ho pot fer. Aquesta és una competència estatal que delega la seva execució als municipis. I, per tant, a la Generalitat només podem informar, que és el que fem, i també presentar queixes puntuals, que també fem. I intentem donar suport als municipis a organitzar-se tan bé com puguin. I pel que fa l’empadronament sense domicili fix, no és que sigui possible, és que és una obligació. La Llei és molt clara. Però més enllà, és una qüestió útil i pràctica. Val la pena i és molt necessari per a molts serveis públics, per moltes polítiques públiques, conèixer la població real. A més, el finançament dels municipis està vinculat a la població i, per tant, tenir més població implica millores en el finançament del municipi.

Teniu identificats municipis que no estiguin fent bé l'empadronament?
I tant!

I quin és l’argument per no complir amb la Llei?
Per empadronar-te necessites el DNI, NIE, passaport o un resguard de passaport, i demostrar que vius en un domicili concret amb un títol de propietat, un contracte de lloguer, una carta d’un llogater o propietari, o si no estàs en un domicili fix, un informe de serveis socials. I, és clar, els ajuntaments també es troben que hi ha moltes persones que de vegades han volgut fer frau en l’empadronament, i és normal que vulguin portar una gestió que els permeti combatre aquest frau. Però igual que serveix per combatre el frau, també té un efecte negatiu, i és que les persones que viuen sense domicili fix es queden sense empadronar. També hi ha una qüestió de percepció pública i de discurs. Alguns ajuntaments perceben que, si diuen que són durs amb el padró, estan donant un missatge d’immigració més ordenada, però en realitat és a la inversa, la tenen més desordenada, perquè no saben qui hi tenen.

Durant el confinament, el CIE de la Zona Franca es va tancar per recomanació del Consell d’Europa. Més enllà del context excepcional, els CIE són espais que priven de llibertat persones que no han comès cap delicte. S’han de tancar els CIE?
Sí. Durant la pandèmia, efectivament, es va tancar el CIE de la Zona Franca, però no cal ser cap metge per veure-ho: l’espai no reuneix cap de les condicions mínimes. El CIE és una instal·lació que priva de llibertat a persones que no han comès cap delicte, que han comès només una falta administrativa. La privació de llibertat en les societats democràtiques es considera molt greu i ha d’estar controlada i garantida pels jutges. No pot ser que l’òrgan decisor d’aquesta privació sigui també l’òrgan gestor del recinte. És que no reuneix les garanties democràtiques... No pot ser que hi hagi hagut tantes i tantes pràctiques d’ingressos arbitraris als CIE. A més, el CIE no és un mecanisme que serveixi, com es diu, per tenir la immigració ordenada, és un mecanisme per fer veure que es fa alguna cosa. Quan el CIE de Zona Franca es va tancar per obres, ni va augmentar ni va baixar la irregularitat, no va tenir cap incidència. Al final, el CIE és un símptoma d’un sistema que no funciona.
“És necessari el patiment de tanta gent, tres anys d’incertesa jurídica? No podríem fer visats de treball?”

Per què no funciona aquest sistema migratori?
Perquè la realitat i la legalitat s'assemblen com un ou a una castanya. El procediment d’arrelament social havia de ser una excepció, segons la Llei, i és el procediment normal. I, en canvi, la planificació de fluxos, que és evident que serà una necessitat, no es produeix. Quants visats de treball estan previstos per aquest any? La xifra és ínfima, i no té res a veure l’increment de població migrada en situació d’irregularitat. 

I com s’hauria de fer aquesta planificació de fluxos migratoris?
Poso un exemple: tenim una campanya de la fruita que mou entre 30.000 i 40.000 persones l’any. Cada any s’envien cartes a tots els aturats de Catalunya per preguntar-los si volen treballar i cada any la resposta és nul·la. És necessari totes les peripècies que ha de passar la gent, inclosa la mort, el patiment, viure d’amagat, tres anys amb la incertesa jurídica, de pensar si et tancaran al CIE? No podríem fer uns visats de treball? Portar la població que falti, que treballi la temporada de la fruita i, després, si es vol quedar, que es quedi; i, si vol tornar al seu país, que hi torni. Aquests projectes de migracions circulars et permeten endreçar els fluxos molt millor. I, de fet, hi hagut experiències molt positives. A més, això es pot fer en molts àmbits. Jo prefereixo que la gent vingui amb papers, treballi amb contracte, pagui impostos, no necessiti ajudes socials, participi de la societat amb drets i deures. Això és molt més desitjable.

02 d’agost 2020

El dret del jovent extutelat a tenir una oportunitat

Paco Sanz és l'actual director a la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, FEPA, lloc que ocupa des del passat novembre. Anteriorment va ser director de programes a la Fundació Ulls del Món, on s'encarregava de coordinar els programes de salut ocular a Mali, Algèria, Moçambic i Bolívia. També ha treballat a Metges Sense Fronteres com a responsable de finances i administració.

Fa un parell de dies vaig llegir un reportatge al diari El País. Començava així: “Ousman Umar va sobreviure al Sàhara, a les màfies, a Líbia i a l'encreuament de l'Estret en pastera per complir el seu somni d'arribar al paradís europeu i rebre educació. Avui, amb dues carreres, és el fundador de Nasco Feeding Minds, una ONG amb la qual vol oferir educació als nens i nenes de Ghana perquè no hagin de viure a les fronteres el que li va tocar viure a ell”.

Umar va ser un dels anomenats MENA (menor estranger no acompanyat), terme purament administratiu a l'origen, però que s'ha convertit en un estigma, utilitzant-se també per a joves majors d'edat.

Entre 2015 i 2020, segons dades de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), van arribar a Catalunya 8.719 menors d'origen estranger. 8.719 nens i nenes que, com l’Umar, busquen l'oportunitat de rebre una educació o tenir accés a un treball. Tots ells van entrar dins del sistema de protecció de la mateixa DGAIA.

En complir la majoria d'edat, qualsevol persona jove que ha passat per aquest sistema de protecció, sigui nacional o estrangera, s'enfronta a l'abisme: emancipar-se sí o sí, sense suport familiar. Amb sort, troben plaça en algun recurs d'emancipació. En aquest sentit, la situació a Catalunya és privilegiada respecte a altres comunitats autònomes gràcies a l'existència l'ASJTET, una àrea específica dins de la DGAIA.

En el cas dels qui tenen procedència estrangera, el salt al buit és encara més gran: necessiten permisos (treball, residència) amb uns requisits pràcticament impossibles d'aconseguir. Es dona la paradoxa que, mentre són menors, entre els 16 i 18, poden treballar. En complir els 18, només poden fer-ho si tenen un contracte laboral de 40 hores setmanals i un any de durada. Si no tenen aquesta possibilitat, la seva residència serà només no lucrativa, sense dret al treball. “Serà?”, o hauríem de dir “seria”, en condicional, ja que una recent sentència del Tribunal Suprem ha posat les coses encara més difícils al col·lectiu de les persones extutelades estrangeres: d'ara endavant, se'ls demanarà que acreditin comptar amb mitjans de vida propis per a renovar el seu permís de residència no lucrativa. Concretament, se'ls demana disposar del 100% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), 537,84 euros al mes, per a les primeres renovacions; i del 400%, 2.151 euros al mes, per a les segones.

Encara hi ha més: aquests mitjans de vida no poden procedir ni de prestacions públiques ni d'ajudes socials. No es tenen en compte les circumstàncies específiques del col·lectiu, i demostren una incoherència: es demanen uns mitjans de vida propis a uns joves perquè disposin d'un permís de residència sense permís de treball, és a dir, sense font d'ingressos.

Em pregunto quants joves a Espanya tenen als 18 anys mitjans de vida propis equivalents a 2.151 euros al mes. És més: quants adults podrien dir que tenen aquests mitjans de vida, fins i tot treballant?

Sense residència, no es pot continuar en els recursos d'emancipació, com l'habitatge. Aquests joves acabaran estant, inevitablement, en situació d'irregularitat i sense possibilitat d'integrar-se socialment ni laboralment, abocats a una vida sense oportunitats. Probablement, generant problemes la solució dels quals serà sempre més costosa que invertir en donar-los una oportunitat. En definitiva, la Llei d'Estrangeria xoca amb les lleis de protecció del menor, deixant en res els drets que aquesta protegeix un cop la persona compleix els 18 anys. Cal fer canvis, com ja ha reclamat, entre d'altres, el Defensor del Pueblo.

Umar va tenir la sort de conèixer a una persona que es va convertir en la seva tutora legal i la seva família d'acolliment. Se li va donar una oportunitat, i la va aprofitar. Quants Ousman Umar no s'estan perdent per falta de les oportunitats que els està negant el sistema? Un sistema que ha invertit en ells i elles fins als 18 anys, per a després donar-los l'esquena.


31 de juliol 2020

El peligro en menores de la adicción a los videojuegos per Carme Escales

Unos adolescentes juegan a videojuegos en 3D en una feria de Barcelona. / Adriana Domínguez

Del verbo jugar, el diccionario recoge diferentes definiciones: hacer algo con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar capacidades, pero también someterse a reglas, y no siempre para divertirse, también con el único fin de ganar dinero. Jugar es perder y ganar o ganar y perder, habilidades, tiempo, dinero o capacidad de controlarnos. Si el juego se transforma en una afición extrema de la que se pasa a depender, hablamos de adicción. Cuando todo ello se junta en un videojuego en manos de niñas, niños y adolescentes, ¿Cómo proceder? Sobre ello hablamos con el psicólogo Roger Ballescà, coordinador del comité de Infància i Adolescència del Col·legi de Psicologia de Catalunya.

Videojuegos, algo que prácticamente todos los menores utilizan.
Tres estadios diferencian los grados de atención de menores a los videojuegos. El uso como tal, el uso abusivo y la adicción. De lo primero, hay muchísimos. De lo segundo, bastante, y ahora durante el confinamiento todavía más. Y nos preocupa. Lo que llamaríamos propiamente adicción, en niños y adolescentes que, aunque hay menos, pero nos inquieta mucho. Nos preocupa que el uso abusivo pueda conducir a una adicción.

¿Cómo prevenirlo?
Para que eso no suceda, hay que poner atención en las edades de los pequeños y pequeñas usuarios y en las características de sus juegos. Para empezar, los menores de 3 y 4 años no deberían estar jugando con videojuegos. En cualquier caso, en todas las edades se debe vigilar con qué videojuegos se entretienen y si están recomendados para su edad. Por lo que vemos, las familias no están lo suficientemente atentas a ello.

¿Qué hace que no presten la atención que merece la cuestión?
Por un lado por la presión social, por el contacto de sus hijos con los amigos a los que sus padres dejan jugar a esos videojuegos. Y por otro lado por cierta desidia y desconocimiento de los peligros que comportan algunos de esos juegos.

Y por desinformación o información errónea, tal vez.
Se tiende a pensar si un juego es adecuado o no para una criatura en función de factores como por ejemplo si les asusta o no, o si toleran ciertas escenas de violencia. Y es un error. Porque no es solo ese el problema, sino que los juegos no están diseñados para estas edades y eso puede hacer también que se enganchen más.

Recomendamos a las familias que, del mismo modo que dejan salir a sus hijos y se interesan por el lugar al que van, con quién van y qué van a hacer en la plaza, en la calle o en el campo de deportes, con los videojuegos deben hacer lo mismo, porque es también como salir de casa y encontrarse con otros. Incluso en algunos pueden realizar compras.

¿Qué recomiendan para valorar un juego?
No sólo deben fijarse en los códigos internacionales PEGI (Pan European Game Information –aevi.org / Asociación Española de Videojuegos), la regulación europea de la industria del videojuego, sino también uadre o no con su código educatxar-lo... com veieu) los padres deben mirar si cuadra o no con su código educativo, y cómo le está afectando en el día a día a su hijo o hija ese uso que hacen del videojuego.

Y siempre con un criterio de la mesura del consumo.
Claro. No pasa nada por comer una chuchería un día, pero no constantemente. Todo puede ser pernicioso o una gran cosa, como se suele decir, ‘la dosis hace el veneno’

Igualmente, las chuches dependerá de la edad.
Existe una recomendación de la OMS de que los menores de 3 o 4 años no usen ni teléfonos móviles, ni tabletas, porque no es bueno para su desarrollo psíquico y tampoco para la vista. Y, sin embargo, salimos a la calle y vemos a niños y niñas paseando en los carritos, incluso, y en lugar de mirar lo que pasa a su alrededor, se distraen con la tableta o el móvil de sus padres en sus manos. Así se genera cierta adicción a calmarse siempre con el uso de la pantalla, con contenidos audiovisuales, en lugar de hacerlo interactuando con su entorno. Es un grave error.

De nuevo, parece increíble que esa escena sea algo tan común.
Es por la falta de tolerancia a la frustración, la necesidad de las familias de delegar en el aparato tecnológico para satisfacer la frustración, a través del teléfono móvil, por ejemplo. Aparentemente mejora la situación, pero en realidad se está empeorando, porque no se gestionan correctamente las emociones. Si los padres no contenemos el malestar de los hijos, es difícil que ellos lo logren con el suyo propio.

De todos modos, hay una industria cómplice de nuestros enganches.
Sí, hay muchos juegos en el mercado diseñados para ser adictivos, utilizan mecanismos de recompensa como lo hacen las máquinas tragaperras que tanto daño han hecho en los adultos. Pensamos que no está suficientemente recogido ese potencial adictivo en el código de uso. Habría que tener en cuenta esa adictividad. Poder hacer compras o no o sobre la violencia de los videojuegos sí se recoge en los códigos, pero no la capacidad de crear adicción.

¿Los profesionales de la psicología qué están observando?
De los más pequeños hasta la pubertad vemos que sí se está haciendo un cierto abuso y de juegos que no siempre son apropiados para su edad. En los adolescentes predomina el uso masivo de videojuegos, un abuso, incluso con juegos para mayores de 18 años. También lo vemos en niños y niñas de 15 y 16 años e incluso más pequeños, pero los adolescentes son los que suelen pasar más rato encerrados en su habitación, son más autónomos a su edad y dejan de tener cierto espacio compartido para vivirlo más digitalmente en solitario.

Está claro que el videojuego es potencialmente un enemigo.
A los videojuegos no les tenemos que tener miedo, pero sí al uso que se hace de ellos a cierta edad y durante determinado tiempo. Igual que controlamos adónde van físicamente nuestros hijos e hijas cuando salen de casa, también con los videojuegos debemos tener cierto control, conocimiento de qué se puede hacer con cada juego. Porque los hay que pueden ser buenas herramientas pedagógicas.

Cuando el videojuego requiere realizar compras, la situación se complica.
En ese caso es doblemente peligroso, por la parte adictiva y por la parte económica. Y es un problema que en muchos casos afecta a los padres, pues algunos hijos toman a veces la tarjeta bancaria de sus padres para hacer las compras que demanda el videojuego.

¿Cómo identificar una situación si no adictiva, ya de camino a serlo?
Lo que hace falta, y puede ayudar mucho a identificarlo es fijarse en qué pasa cuando ese hijo o hija no puede jugar con el videojuego, cuando se le prohíbe durante un tiempo por ejemplo. Hay que observar si no poder jugar le genera ansiedad o altera su conducta con reacciones exageradas o irritabilidad. Si algo de eso se da, tenemos que empezar a pensar en adicción.

Imagino que en muchos casos como se les ve animados jugando, no preocupa.
Hay que disfrutar jugando con el videojuego y hacer un buen uso de él. Pero, otras dos cosas que nos deben hacer pensar en adicción es que por estar jugando con el videojuego, la persona no siga los horarios adecuados de descanso por la noche y que deje de hacer otras actividades por seguir jugando. Puede ser que abandone labores extraescolares que hacía o jugar en la calle, cosas que ha ido dejando de hacer. Todo esto también nos lleva a pensar que alguna cosa está pasando.

Todo por falta de límites.
Sí. No ser capaz de limitarse el tiempo de juego es lo que indica un problema. Es habitual que niños y adolescentes no sepan regular por sí solos el uso adecuado de los videojuegos, por lo tanto, eso no sería un indicativo de adicción por sí solo. Lo que sí lo sería es la reacción frente a un límite externo que es lo que deberían poner los adultos. La falta de límites está más en los adultos que en los menores. Son los padres los que deben regular y a menudo esperamos, equivocadamente, a que sean los propios niños y niñas quienes lo hagan solos.

¿Ese límite de cuánto debe ser en cada edad?
Esa es la pregunta estrella, cuántas horas se puede jugar a un videojuego. Y la respuesta no es simple. El juego se debe incorporar en las rutinas del día a día de niños y adolescentes. Deben hacer como mínimo cuatro cosas cada día: dormir las horas que tocan, que son 12 o 13 para los más pequeños y 8 horas en la adolescencia; las tareas de la escuela, en confinamiento y fuera de él, y ayudar en las tareas de limpieza y orden en casa; compartir espacios de tiempo en familia y, por último, destinar otro tiempo a hacer lo que les apetezca, un tiempo que será mayor en el caso de los adolescentes.

Ahí es donde puede anidar el peligro.
En ese tiempo para ellos no debemos marcarles tantos límites, pueden hacer deporte y actividades fuera de casa y usar videojuegos. Pero eso no quiere decir que no debamos asegurarnos de que juegan a videojuegos que son adecuados para su edad, y siempre y cuando se hayan cumplido los tres anteriores puntos esenciales a realizar en cada uno de sus días. Si lo cumplen, tampoco es tanto el tiempo que les queda.

¿Qué hacer si no se cumple?
La obligación de los padres es ayudar a diversificar. Si observando, te das cuenta de que se está generando un problema, hay que intervenir, regular el uso o incluso retirarles el teléfono móvil o el aparato que utilicen para jugar. Si es necesario, hay que buscar la ayuda de un profesional.

¿Se ha registrado un aumento de peticiones de ayuda a psicólogos y psicólogas?
Las demandas de ayuda de padres y madre por dificultades vinculadas a tecnología se han ido incrementando y es un problema que prevemos que crecerá. Afecta más a adolescentes por su mayor tiempo de ocio autónomo, pero hay que estar atentos también en franjas menores de edad porque los patrones de adicción que se inician precozmente continúan después y pueden tener mayores repercusiones.

¿Cómo se debe leer la laxitud de los padres ante una amenaza sí?
Lo que estamos viendo es que falta mucho conocimiento de los videojuegos por parte de las familias. Padres y madres debemos ponernos las pilas para enterarnos de a qué están jugando nuestros hijos e hijas. A nivel público tenemos a disposición a nuestros pediatras y médicos de familia para hacer consulta de nuestras dudas ante cualquier sospecha. Ellos nos pueden derivar a la red de centros de salud mental infantil y juvenil públicos en caso que sea necesario.

Sorprende que no haya un mayor control a los fabricantes que procuran a sus videojuegos el componente adictivo.
Nuestra sociedad es víctima de las ansias de las empresas para vender más y, en este caso, para ello juegan con la infancia y la adolescencia. Que nuestros hijos e hijas jueguen con videojuegos está bien, pero que los videojuegos jueguen con nuestros hijos e hijas es inadmisible.