dilluns, 21 d’octubre de 2019

"Cuando entras en la cárcel se para el mundo, dejas de vivir"

La tasa de reincidencia penitenciaria en España es de un 31,6%, es decir, uno de cada tres delincuentes vuelve a delinquir y regresa a la cárcel


Estimado Javier del Pino,

Le escribo esta carta desde mi celda y desde el centro penitenciario Madrid I, más conocido entre el pueblo como Meco. Me llamo Anny.

Es de justicia que la ciudadanía sepa como conviven las reclusas en el siglo XXI en España porque hay más cosas en la otra cara de la moneda. La labor de las ONG y voluntarios es maravillosa pero en ocasiones la realidad es otra cosa.

Cada una de las internas tenemos nuestro dolor, razón y verdad y la mía es aceptar que delinquí…

La carta de Anny a 'A Vivir' / Cadena SER

Aquellas palabras no nos dejaron indiferentes. Muchos meses después, y tras una intensa búsqueda, logramos poner nombre y apellidos a aquella mujer. El siempre caprichoso azar nos permitió conseguir su número de teléfono así que la llamamos y nos citamos con ella. El encuentro tuvo lugar un frío día de febrero, en la plaza madrileña de Callao, aquel día pusimos rostro a Anny. Muy alta y delgada, ligeramente encogida, andaba con determinación. Vestía un jersey negro de cuello alto con unos pantalones ajustados. Su peinado, unas rastas cuidadosamente arregladas, llamaba la atención. La mañana era gélida así que buscamos un bar para conversar y rápidamente empezó a desgranar su vida:

– La puta cárcel. Es un lugar hostil por los cuatro costados, dijo.

Poco a poco nos sumergimos en su historia, una historia que es la de miles de mujeres españolas. Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en nuestras cárceles cumplen condena unas 4.400 mujeres, una cifra que contrasta con la de los hombres: unos 50.000. Existen cuatro centros penitenciarios exclusivamente femeninos en nuestro país, el resto son módulos que se crean dentro de centros para hombres. Un dato interesante: las mujeres solo cometen entre el 7 y el 10% de los delitos, la mayoría de ellos son "delitos contra la salud pública" (tráfico de drogas) además de robos y hurtos. Otro dato no menos interesante: los delitos de sangre son más frecuentes entre los hombres que además suelen cumplir condenas más largas. El perfil de la mujer que delinque suele ser el de una mujer marginada y maltratada, la mayoría provienen de núcleos sociales deprimidos y muchas han sufrido violencia de género. Y esa violencia es un factor clave en la trayectoria que les lleva delinquir. A medida que la conversación avanzaba averiguamos que Anny era una de aquellas mujeres, también había sufrido malos tratos: "El padre de mi segundo hijo me maltrataba. Un día casi me mata, yo estaba embarazada de siete meses y me agredió con una vara de hierro. Si no llego a saltar por la ventana acaba conmigo", confesó emocionada. Los expertos demandan más recursos dentro y fuera de los centros penitenciarios para dar soporte y educación a todas esas mujeres y concienciarlas de que son sujetos de derecho, solo así su reinserción cuando salgan de la cárcel no será una quimera.

La conversación en el bar transcurrió tranquilamente. La historia de nuestra protagonista era un alegato frente al silencio en el que viven miles de mujeres:

–¿Quién ha dicho que las cárceles rehabilitan?, alzó la voz indignada.

–Explícame mejor eso.

–Una persona si quiere rehabilitarse puede hacerlo, no tiene que ir a la cárcel para rehabilitarse. Hay personas que lo consiguen pero son las mínimas porque no hay reinserción competente. Entonces, vuelves, ¡según salen, vuelven!


La tasa de reincidencia penitenciaria en España es de un 31,6%, es decir, uno de cada tres delincuentes vuelve a delinquir y regresa a la cárcel. Se trata de una cifra nada desdeñable que muestra que la reinserción falla, sobre todo, por la falta de programas de apoyo una vez que los reclusos están en libertad, el acompañamiento en la calle resulta clave para lograr su reeducación y su inclusión social.

Para la realización de este reportaje hablamos con varias mujeres que también cumplieron condena por tráfico de droga en Alcalá Meco y todas coinciden: el paso por la cárcel supone un estigma al que hay que sumar la falta de herramientas y oportunidades para rehacer sus vidas cuando salen. La falta de voluntad política y de medios económicos hacen de la reinserción un proceso complejo, una utopía difícil de alcanzar y que condena a miles de personas a una vida sin retorno.

La protagonista de este reportaje se llama Anny pero podría tener el nombre de cualquiera de esas miles de mujeres que viven tras las rejas de nuestros centros penitenciarios. Vidas llenas de dolor a causa de un error o, quizás, la mala suerte. Todas tienen derecho a una segunda oportunidad, a borrar la desesperanza de sus rostros y a encontrar una vida digna. De ahí la importancia de poner nombres a las historias, sacarlas del anonimato que las condena al olvido. Esa es la razón de este reportaje.



dilluns, 14 d’octubre de 2019

SE ENDURECEN LAS PENAS POR DENUNCIA FALSA

Aunque este post se titule «Se endurecen las penas por denuncia falsa», que nadie piense que el Gobierno ha reformado el Código Penal endureciendo las penas por dicho delito, eso hoy por hoy es «imposible» que suceda en España.

Lo que motiva este título es una reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, a efectos prácticos, lo que supone es un endurecimiento de las penas para aquellas mujeres que presenten denuncias falsas por violencia de género.

Lo cierto es que mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la sentencia que hoy voy a comentar, a pesar de que es una sentencia de fecha 24 de mayo de 2018 pero, dado el interés que la misma puede tener para los miles de hombres que en España son víctimas de denuncias falsas por violencia de género, me ha parecido oportuno dedicarle un post.

HECHOS PROBADOS

Los hechos probados son los siguientes:

«El día 22 de mayo de 2007 la acusada Gloria , mayor de edad y sin antecedentes penales, formuló denuncia en la Comisaría de Policía de ARAVACA en la que hacía constar que su entonces esposo, Virgilio, la hacía objeto de malos tratos físicos y psíquicos, fundamentándose en el parte de la asistencia médica emitido el día 9 de abril de 2.007, en el que recogía que la acusada presentaba hematomas en brazos, glúteos y región dorsal, afirmando la acusada, con ánimo de faltar a la verdad, que dichas lesiones se las había causado su entonces esposo.

La mencionada denuncia dio lugar a la incoación de las Diligencias Previas 614/07, seguidas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1 de Madrid, diligencias en las que tras la instrucción correspondiente, adoptándose en la misma la medida cautelar de prohibición de comunicación y acercamiento de Virgilio a la acusada, el Ministerio Fiscal presentó escrito de conclusiones absolutorio y la acusada escrito de acusación contra Virgilio en el que le imputaba la comisión de un delito de violencia psíquica habitual, previsto y penado en el artículo 173.2 del Código Penal, y un delito de maltrato en el ámbito familiar, previsto y penado en el artículo 153.1 3 del Código Penal.

Dichas Diligencias Previas dieron lugar al Juicio Oral n°150/10, seguido en el Juzgado de lo Penal n°13 de Madrid, que finalizó con sentencia de fecha 25 de febrero de 2011 por la que se absolvió al Virgilio de los delitos que se le imputaban, adquiriendo firmeza dicha sentencia por auto de fecha 6 de mayo de 2011.

En el Juicio Oral celebrado en el Juzgado de lo Penal depusieron como testigos, entre otros, la acusada y su padre Luis Manuel.»

De la sentencia comentada se desprende que el afectado denunció a su ex y al padre de ésta por los delitos de «delito de acusación y denuncia falsa, amenazas y estafa procesal».


dilluns, 30 de setembre de 2019

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge

De conformitat amb l'article divuit, u, de la Constitució, els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge tenen el rang de fonamentals, i fins a tal punt apareixen realçats en el text constitucional que l'article vint, quatre, disposa que el respecte d'aquests drets constitueix un límit a l'exercici de les llibertats d'expressió que el mateix precepte reconeix i protegeix amb el mateix caràcter de fonamentals.

El desplegament mitjançant la Llei orgànica corresponent, d'acord amb l'article vuitanta-u, u, de la Constitució, del principi general de garantia d'aquests drets inclosos a l'esmentat article divuit, u, de la Constitució constitueix la finalitat de la present Llei.

L'article primer d'aquesta Llei orgànica estableix la protecció civil dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge davant qualsevol gènere d'ingerència o intromissions il·legítimes. Però no pot ignorar que alguns d'aquests drets gaudeixen o previsiblement gaudiran d'una protecció penal. Així ocorre amb el dret a l'honor, emparat per les prescripcions incloses al llibre II, títol X, del Codi penal vigent, i amb determinats aspectes del dret a la intimitat personal i familiar que són objecte d'una protecció d'aquesta naturalesa en el projecte de nou Codi penal recentment aprovat pel Consell de Ministres.

Per això, en els casos que hi hagi la protecció penal, aquesta té aplicació preferent, perquè sens dubte és la de més efectivitat, si bé la responsabilitat civil derivada del delicte s'ha de fixar d'acord amb els criteris que estableix aquesta Llei.

Els drets garantits per la llei han estat enquadrats per la doctrina jurídica més autoritzada entre els drets de la personalitat, qualificació de la qual òbviament es desprèn el caràcter d'irrenunciable, irrenunciabilitat referida amb caràcter genèric a la protecció civil que estableix la llei.

A l'article segon es regula l'àmbit de protecció dels drets a què es refereix. A més de la delimitació que pugui resultar de les lleis, s'estima raonable admetre que, en el que no preveuen aquestes, l'esfera de l'honor, de la intimitat personal i familiar i de l'ús de la imatge estigui determinada de manera decisiva per les idees que prevalguin a cada moment a la societat i pel propi concepte que cada persona segons els seus actes propis mantingui sobre això i determini les seves pautes de comportament. D'aquesta manera, la qüestió es resol a la llei en termes que permeten al jutjador la prudent determinació de l'esfera de protecció en funció de dades variables segons els temps i les persones.

Els drets protegits a la llei no es poden considerar absolutament il·limitats. En primer lloc, els imperatius de l'interès públic poden fer que per llei s'autoritzin expressament determinades entrades en l'àmbit de la intimitat, que no poden ser reputades legítimes. D'altra banda, tampoc no tenen aquest caràcter les consentides pel mateix interessat, possibilitat que no s'oposa a la irrenunciabilitat abstracta dels drets esmentats, ja que aquest consentiment no implica l'abdicació absoluta d'aquests, sinó tan sols el despreniment parcial d'alguna de les facultats que els integren. Ara bé, la llei exigeix que el consentiment sigui exprés, i atesa l'índole particular d'aquests drets, permet que pugui ser revocat en qualsevol moment, encara que amb la indemnització dels perjudicis que la revocació comporti al destinatari d'aquest. L'atorgament del consentiment quan es tracta de menors o incapacitats és objecte de les prescripcions incloses a l'article tercer.

Als articles quart al sisè de la Llei es preveu el supòsit de mort del titular del dret lesionat. Les seves conseqüències pel que fa a la protecció d'aquests drets es determinen segons el moment en què es va produir la lesió. Encara que la mort del subjecte de dret extingeix els drets de la personalitat, la memòria d'aquell constitueix una prolongació d'aquesta última que també ha de ser tutelada pel dret, per això, s'atribueix la protecció en cas que la lesió s'hagi produït després de la mort d'una persona a la qual aquesta hagués designat en el seu testament; a falta d'aquesta, els parents supervivents, i en últim terme, el Ministeri Fiscal amb una limitació temporal que s'ha estimat prudent. En cas que la lesió tingui lloc abans de la mort sense que el titular del dret lesionat hagi exercit les accions reconegudes a la llei, només subsisteixen aquestes accions si no han pogut ser exercides per ell o pel seu representant legal, ja que si es van poder exercir i no es va fer hi ha una presumpció fundada que els actes que objectivament poden constituir lesions no van merèixer aquesta consideració als ulls del perjudicat o el seu representant legal. En canvi, l'acció ja entaulada sí que és transmissible perquè en aquest cas hi ha una expectativa de dret a la indemnització.

La definició de les intromissions o ingerències il·legítimes en l'àmbit protegit es porta a terme als articles setè i vuitè de la Llei. El primer recull en termes d'amplitud raonable diversos supòsits d'intromissió o ingerència que es poden donar a la vida real i coincideixen amb els previstos en les legislacions protectores existents en altres països de desenvolupament social i tecnològic igual o superior al nostre. No obstant això, hi ha casos en què aquestes ingerències o intromissions no es poden considerar il·legítimes en virtut de raons d'interès públic que imposen una limitació dels drets individuals, com els indicats a l'article vuitè de la Llei.

Finalment, la Llei fixa, a l'article novè, d'acord amb el que preveu l'article cinquanta-tres, dos, de la Constitució, la via legal per a la defensa enfront de les ingerències o intromissions il·legítimes, així com les pretensions que pot deduir el perjudicat. Pel que fa a la indemnització de perjudicis, es presumeix que aquests existeixen en tots el casos d'ingerències o intromissions acreditades, i comprenen no només la dels perjudicis materials, sinó també la dels morals, d'especial rellevància en aquest tipus d'actes il·lícits. Mentre no sigui regulada l'empara judicial, es considera aplicable a aquest efecte la Llei de protecció jurisdiccional dels drets de la persona de vint-i-sis de desembre de mil nou-cents setanta-vuit, a l'àmbit de protecció de la qual han quedat incorporats els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge per la disposició transitòria segona, dos, de la Llei orgànica dos/mil nou-cents setanta-nou, de tres d'octubre, del Tribunal Constitucional.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1


1. El dret fonamental a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, garantit a l'article divuit de la Constitució, s'ha de protegir civilment enfront de tot gènere d'intromissions il·legítimes, d'acord amb el que estableix aquesta Llei orgànica.

2. El caràcter delictiu de la intromissió no impedeix el recurs al procediment de tutela judicial previst en l’article 9 d’aquesta Llei. En qualsevol cas, són aplicables els criteris d’aquesta Llei per a determinar la responsabilitat civil derivada del delicte.

3. El dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge és irrenunciable, inalienable i imprescriptible. La renúncia a la protecció prevista en aquesta Llei és nul·la, sens perjudici dels supòsits d'autorització o consentiment a què es refereix l'article segon d'aquesta Llei.
Article 2

1. La protecció civil de l'honor, de la intimitat i de la pròpia imatge queda delimitada per les lleis i pels usos socials segons l'àmbit que, pels seus propis actes, mantingui cada persona reservat per a si mateixa o la seva família.

2. No s’ha d’apreciar l’existència d’intromissió il·legítima en l’àmbit protegit quan estigui expressament autoritzada per llei o quan el titular del dret hagi atorgat a aquest efecte el seu consentiment exprés, o, per imperatiu de l’article 71 de la Constitució, quan es tracti d’opinions manifestades per diputats o senadors en l’exercici de les seves funcions. Iniciat un procés civil en aplicació d’aquesta Llei, no es pot seguir contra un diputat o senador sense l’autorització prèvia del Congrés dels Diputats o del Senat.

L’autorització prèvia s’ha de tramitar pel procediment previst per als suplicatoris.


3. El consentiment a què es refereix el paràgraf anterior és revocable en qualsevol moment, però s'han d'indemnitzar, si s'escau, els danys i perjudicis causats, incloent-hi les expectatives justificades.
Article 3

1. El consentiment dels menors i incapaços l'han de prestar ells mateixos si les seves condicions de maduresa ho permeten, d'acord amb la legislació civil.

2. En la resta de casos, el consentiment l'ha d'atorgar mitjançant un escrit el seu representant legal, que està obligat a posar en coneixement previ del Ministeri Fiscal el consentiment projectat. Si en el termini de vuit dies el Ministeri Fiscal s'hi oposa, ha de resoldre el jutge.

Article 4


1. L'exercici de les accions de protecció civil de l'honor, la intimitat o la imatge d'una persona morta correspon a qui aquesta hagi designat a aquest efecte en el seu testament. La designació pot recaure en una persona jurídica.

2. Si no hi ha designació o ha mort la persona designada, estan legitimats per demanar-ne la protecció el cònjuge, els descendents, ascendents i germans de la persona afectada que visquin en el moment de la seva mort.

3. A falta de tots ells, l'exercici de les accions de protecció correspon al Ministeri Fiscal, que pot actuar d'ofici o a instància d'una persona interessada, sempre que no hagin transcorregut més de vuitanta anys des de la mort de l'afectat. S'observa el mateix termini quan l'exercici de les accions esmentades correspongui a una persona jurídica designada en testament.

4. En els casos d'intromissió il·legítima en els drets de les víctimes d'un delicte a què es refereix l'apartat vuit de l'article setè, està legitimat per exercir les accions de protecció l'ofès o perjudicat pel delicte comès, hagi exercit o no l'acció penal o civil en el procés penal precedent. També hi està legitimat en tot cas el Ministeri Fiscal. En els supòsits de mort, cal atenir-se al que disposen els apartats anteriors.   

Article 5


1. Quan sobrevisquin diversos parents dels assenyalats a l'article anterior, qualsevol d'ells pot exercir les accions previstes per a la protecció dels drets del mort.

2. S'aplica la mateixa regla, llevat de disposició en contra del mort, quan hagin estat diverses les persones designades en el seu testament.

Article 6


1. Quan el titular del dret lesionat mori sense haver pogut exercir ell mateix o el seu representant legal les accions previstes en aquesta Llei, per les circumstàncies en què es va produir la lesió, les accions esmentades les poden exercir les persones assenyalades a l'article quart.

2. Les mateixes persones poden continuar l'acció ja entaulada pel titular del dret lesionat quan mori.

Capítol II


De la protecció civil de l'honor, de la intimitat i de la pròpia imatge

Article 7


Tenen la consideració d'intromissions il·legítimes en l'àmbit de protecció delimitat per l'article segon d'aquesta Llei:
1. L'emplaçament en qualsevol lloc d'aparells d'escolta, de filmació, de dispositius òptics o de qualsevol altre mitjà apte per gravar o reproduir la vida íntima de les persones.

2. La utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció.

3. La divulgació de fets relatius a la vida privada d'una persona o família que afectin la seva reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de cartes, memòries o altres escrits personals de caràcter íntim.

4. La revelació de dades privades d'una persona o família conegudes a través de l'activitat professional o oficial de qui les revela.

5. La captació, reproducció o publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d'una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d'ells, llevat dels casos previstos a l'article vuitè, dos.

6. La utilització del nom, de la veu o de la imatge d'una persona per a fins publicitaris, comercials o de naturalesa anàloga.

7. La divulgació d'expressions o fets concernents a una persona quan la difami o la faci desmerèixer en la consideració aliena.

8. La utilització del delicte pel condemnat en sentència penal ferma per aconseguir notorietat pública o obtenir profit econòmic, o la divulgació de dades falses sobre els fets delictius, quan això suposi el menyscabament de la dignitat de les víctimes.

Article 8


1. No es reputen, amb caràcter general, intromissions il·legítimes les actuacions autoritzades o acordades per l'autoritat competent d'acord amb la llei, ni quan hi predomini un interès històric, científic o cultural rellevant.

2. En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix:

a) La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts al públic.

b) La utilització de la caricatura d'aquestes persones, d'acord amb l'ús social.

c) La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

Les excepcions previstes als paràgrafs a i b no són aplicables respecte de les autoritats o persones que exerceixen funcions que per la seva naturalesa necessiten l'anonimat de la persona que les exerceix.

Article 9


1. La tutela judicial enfront de les intromissions il·legítimes en els drets a què es refereix la present Llei es pot sol·licitar per les vies processals ordinàries o pel procediment que preveu l’article 53.2 de la Constitució. També es pot utilitzar, quan escaigui, el recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional.

2. La tutela judicial ha de comprendre l’adopció de totes les mesures necessàries per posar fi a la intromissió il·legítima de què es tracti i, en particular, les necessàries per a:

a) El restabliment del perjudicat en el ple gaudi dels seus drets, amb la declaració de la intromissió soferta, el cessament immediat d’aquesta i la reposició de l’estat anterior. En cas d’intromissió en el dret a l’honor, el restabliment del dret violat ha d’incloure, sense perjudici del dret de rèplica pel procediment legalment previst, la publicació total o parcial de la sentència condemnatòria a costa del condemnat amb almenys la mateixa difusió pública que va tenir la intromissió soferta.

b) Prevenir intromissions imminents o ulteriors.

c) La indemnització dels danys i perjudicis causats.

d) L’apropiació pel perjudicat del lucre obtingut amb la intromissió il·legítima en els seus drets.

Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de la tutela cautelar necessària per assegurar la seva efectivitat.

3. L’existència de perjudici es presumeix sempre que s’acrediti la intromissió il·legítima. La indemnització s’ha d’estendre al dany moral, que s’ha de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la lesió efectivament produïda, per a la qual cosa s’ha de tenir en compte, si s’escau, la difusió o audiència del mitjà a través del qual s’hagi produït.

4. L’import de la indemnització pel dany moral, en el cas dels tres primers apartats de l’article quart, correspon a les persones a què es refereix el seu apartat dos i, si no, als seus drethavents, en la proporció en què la sentència estimi que han estat afectats. En els casos de l’article sisè, la indemnització s’entén compresa en l’herència del perjudicat.

En el cas de l’apartat quatre de l’article quart, la indemnització correspon als ofesos o perjudicats pel delicte que hagin exercitat l’acció. Si l’ha exercitat el Ministeri Fiscal, aquest pot sol·licitar la indemnització per a tots els perjudicats que hagin resultat degudament identificats i no hi hagin renunciat expressament.

5. Les accions de protecció davant de les intromissions il·legítimes caduquen transcorreguts quatre anys des que el legitimat les va poder exercitar.

Disposició derogatòria


Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que preveu aquesta Llei orgànica.

Disposicions transitòries



Mentre no es despleguin les previsions de l'article cinquanta-tres, dos, de la Constitució, sobre establiment d'un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat, la tutela judicial dels drets a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge es pot demanar, amb les peculiaritats que estableix aquesta Llei sobre legitimació de les parts, mitjançant qualsevol dels procediments establerts a les seccions II i III de la Llei seixanta-dos/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-sis de desembre, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona. Exhaurit el procediment seguit, queda expedit el recurs d'empara constitucional en els supòsits a què es refereix el capítol I del títol III de la Llei orgànica dos/mil nou-cents setanta-nou, de tres d'octubre, del Tribunal Constitucional.

divendres, 27 de setembre de 2019

Programa de suport a adolescents embarassades

El Departament impulsa el Programa de suport a adolescents embarassades amb la voluntat d'oferir informació i atenció integral a adolescents i joves, a les seves famílies i a professionals. 

El programa vetlla perquè les adolescents i les famílies que es troben en aquesta situació rebin tota la informació i l'acompanyament, i també suport i orientació en l'embaràs i etapes posteriors.

En el marc d'aquest projecte, s'ha impulsat, juntament amb l'entitat ABD, la creació de Preinfant, web per a adolescents embarassades. Es tracta d'un web que pretén donar eines i recursos a les joves durant l'embaràs, en el moment del part i, finalment, en la criança del bebè en els primers mesos de vida i fins als tres anys. 

L'objectiu principal del web, però, és convertir-se en un espai interactiu d'intercanvi d'experiències entre les joves i les adolescents i, a la vegada, entre les noies i els professionals.

Objectius

  • Donar suport personal a les adolescents embarassades per afavorir el seu procés d'autonomia.
  • Protegir la salut física i mental del nadó.
  • Dotar d'eines les mares adolescents perquè puguin crear un marc familiar estable.
  • Donar informació a les famílies i als professionals que els permeti fer un bon acompanyament de l'adolescent.
  • Coordinar i establir protocols d'actuació entre la xarxa de recursos existent.

Recursos



dimarts, 10 de setembre de 2019

Falsas alegaciones de abuso sexual infantil en contextos forenses

Análisis de su asociación con distintos indicadores periciales

  • Autores: María Paz Ruiz Tejedor
  • Directores de la Tesis: María Elena de la Peña Fernández (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2017
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: José Luis Graña Gómez (presid.), María de la Paz García Vera (secret.), Maria Angeles de La Cruz Fortun (voc.), Carlos Benedicto Duque (voc.), Juan Jesús Muñoz García (voc.)
  • Materias:
  • Resumen
    • La presente investigación doctoral se dirige fundamentalmente a profundizar en el fenómeno creciente de las denuncias falsas o no fundamentadas de abuso sexual infantil que se constatan en el contexto forense.
      Se pretende identificar las variables que, más allá de acompañar la interposición de acusaciones falsas y no fundamentadas, permitan discriminar y detectar los factores y aspectos diferenciales respecto de las alegaciones fundamentadas, contribuyendo a mejorar la praxis de los psicólogos forenses como auxiliares de la justicia. Como objetivo general se pretende analizar los distintos tipos alegaciones de abuso sexual infantil en contextos forenses y determinar su relación con una serie de indicadores periciales externos a la valoración de la credibilidad del testimonio.
      Como objetivos específicos se persigue: 1. Determinar la prevalencia de los distintos tipos alegaciones de abuso sexual infantil (fundamentadas, no fundamentadas y falsas). 2. Conocer las relaciones existentes entre diferentes grupos de indicadores periciales (psicológicos, socio-familiares, y relacionados con la denuncia de abuso) y los distintos tipos de alegaciones de abuso sexual infantil establecidos. 3. Establecer un perfil discriminativo sobre estos indicadores a la hora de identificar los distintos tipos de alegaciones de abuso sexual infantil y, en especial, de las denuncias falsas y no fundamentadas.
      Partimos de la siguiente hipótesis general: ¿Las alegaciones fundamentadas, no fundamentadas y falsas de abuso sexual infantil presentarán distintas prevalencias, estarán asociadas diferencialmente a distintos tipos de indicadores periciales externos a la valoración de la credibilidad del testimonio, y estos indicadores tendrán un peso específico que permitirá discriminar entre los distintos tipos de alegaciones de abuso sexual infantil¿.
      Se ha contado con una muestra de 212 casos de menores inmersos en procedimientos judiciales por un presunto delito de abuso sexual, en los que se haya emitido un informe pericial psicológico por parte de psicólogos forenses al servicio de la Administración de Justicia.
      Y tras los análisis de datos realizados, se han identificado una serie de indicadores orientativos para la identificación y discriminación de las denuncias falsas de abuso sexual infantil, agrupados en tres tipos de indicadores.
      Indicadores de carácter psicológico: se aducen con mayor frecuencia la presencia de síntomas físicos, comportamentales, emocionales y sexuales, supuestamente derivados de la experiencia del abuso, sin embargo, dicha sintomatología carece de congruencia clínica y no se aprecia correlato emocional compatible con la supuesta experiencia abusiva. Por último, se aprecia un mayor grado de sugestionabilidad en el niño al recabar el testimonio del supuesto abuso.
      Indicadores de carácter familiar: el nivel educativo de las familias implicadas en este tipo de denuncias es alto, no existe convivencia estable entre los progenitores, estando la mayor parte separados y se objetiva una situación contenciosa entre los progenitores con anterioridad a la eclosión del conflicto psicolegal. En las familias predomina el estilo educativo autoritario y la figura custodia es ejercida mayoritariamente por la madre.Indicadores relacionados con la denuncia de abuso: se aduce con mayor frecuencia el uso de violencia, específicamente de tipo físico, la persona que con mayor frecuencia destapa el supuesto abuso sexual infantil es un miembro de la familia nuclear, la denuncia se interpone mayoritariamente por la madre y recae sobre el padre.Asimismo, se objetiva con mayor frecuencia la ausencia de relato amplio, y se le atribuye al menor un relato aportado por el denunciante que frecuentemente los peritos no pueden recoger. Existe una mayor presencia de denuncias anteriores por abuso sexual infantil. Las motivaciones secundarias que aparecen son disputa por la guarda/custodia, cambio de régimen de visitas, venganza y cortar la relación.....