Las Administración viola los derechos de los menores inmigrantes no acompañados
La Fiscalía no da validez a pasaportes de marroquíes y subsaharianos menores de edad que llegan solos a España (DESCARGABLE Convenio con Marruecos)
Representantes de la Fundación Raíces y de la Fundación del Consejo General de Abogacía junto a tres inmigrantes a los que están ayudando. / ÁLVARO GARCÍA
Samîr llegó hace cuatro años a España. Cruzó la frontera desde Tánger escondido bajo el chasis de un camión, después de "tres o cuatro meses" intentando encontrar el modo de llegar a la tierra prometida. Como por aquel entonces todavía no había cumplido los 18 años, la Administración se hizo cargo de él. Pero solo por un tiempo. La Fiscalía General de Estado no le dio validez ni a su pasaporte, ni a su certificado de empadronamiento; ni siquiera a la carta del cónsul de Marruecos que aseguraba que los documentos que el joven llevaba consigo eran auténticos. Las pruebas radiológicas, que según los expertos dan resultados dentro de una horquilla de dos años, determinaron que era mayor de edad y le dejaron en la calle de un día para otro. El de Samîr (nombre ficticio) es solo uno de los 40 casos que la Fundación Raíces y la Fundación del Consejo General de Abogacía han recopilado en un informe para denunciar la continua violación de los derechos de menores migrantes que llegan solos a España.
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"Los menores no acompañados procedentes de Marruecos y África Subsahariana sufren malas prácticas de determinación de la edad, tanto a su entrada en España como cuando ya han sido documentados por sus embajadas y consulados", explicaLourdes Reyzábal, presidenta de la fundación. "Quedan abandonados y totalmente indefensos porque la Fiscalía General del Estado, de manera sistemática, no da validez a los pasaportes y partidas de nacimiento de ciudadanos de estos países cuando son menores de edad que llegan solos a nuestro territorio. Y, sin embargo, sí lo hace cuando son mayores de edad", aclara. "De ahí el nombre del informe: Solo por estar solo".
"La Fiscalía no acusa directamente a los menores sino a los países de los que proceden", señala Carmen Moles, abogada de la fundación. "En muchas ocasiones reconocen que los documentos están legalmente expedidos, pero consideran que su contenido no es válido porque creen que los registros civiles de esos Estados no son fiables". Se somete a jóvenes que portaban documentación válida a pruebas para determinar su edad, "contraviniendo así el artículo 35 de la ley de extranjería", ilustra la abogada. "Y las Adminsitraciones públicas suelen priorizar el resultado, siempre relativo, de estos tests sobre la documentación de los menores".
El caso de Samîr es todavía más flagrante, según la fundación, porque se vulnera, además, el convenio bilateral con Marruecos que establece que "las certificaciones de las actas del registro civil expedidas por una autoridad competente en el territorio de una de las partes contratantes no necesitarán ser legalizadas para ser válidas en el territorio de la otra parte".
Mamady saltó la valla de Melilla hace "siete u ocho meses" después de un penoso camino de tres años a través de Mali, Mauritania y Marruecos. En el centro de menores de Melilla, según cuenta Reyzábal, le transmitieron la idea de que si se quedaba allí no le iban a trasladar a ningún otro sitio de España y tendría que permanecer en un edificio saturado, donde "pueden llegar a dormir hasta tres niños por cama". "Les hacen creer que la mejor solución es que digan que son mayores de edad para que les trasladen a alguno de los CIES [Centros de Internamientos de Extranjeros]". Y eso es lo que hizo. "Ahora es muy difícil que le reconozcan su minoría de edad a pesar de que en su caso las pruebas sí lo ratificaron", apunta la presidenta de la fundación.
"Todo esto crea una situación de indefensión absoluta a los menores", estima la presidenta de la fundación, que ha llegado a acoger en su casa a muchos de estos jóvenes. " Si la Fiscalía determina que son mayores de edad y, por tanto, no pueden seguir bajo tutela del Estado, se quedan en la calle con pasaportes que acreditan su minoría de edad y no pueden trabajar ni pedir el permiso de residencia". Para solucionar esta situación, la fundación ha puesto en marcha un proyecto llamadococina a conciencia, al que se acogió Samîr. "Estudié durante tres años para conseguir un título de ayudante de cocina y ahora estoy trabajando en el hotel Adler de cinco estrellas", comenta orgulloso el joven marroquí. "Para nuestra fundación, la integración laboral de los jóvenes es un objetivo prioritario porque la consideramos una llave fundamental para el desarrollo personal y la integración social", opina Reyzábal. "Cocineros de todo el territorio español ofrecen la posibilidad de entrar en el mundo laboral a chicos que necesitan un empujón para salir adelante en nuestra sociedad".
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/30/actualidad/1398866540_193598.html
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