Ante todo, protección per Xavier Puig
La falta de flexibilidad de las
instituciones traslada el peso de la acogida a las ciudades y los barrios donde
viven los jóvenes migrantes
El fenómeno de los jóvenes
migrantes sin referentes familiares está de nuevo bajo el foco de la atención
pública. Se acercan los meses de mayor recepción y cabe preguntarnos si estamos
preparados para acoger con garantías a todos los que llegarán. La estrategia de
acogida de la Generalitat no ha hecho pública la concreción de los recursos que
se destinarán, lo cual sumado a los déficits de la gestión administrativa y el
colapso del sistema de protección a la infancia hace temer que tales garantías
serán deficientes.
A día de hoy, son los municipios y
las entidades sociales, con sus profesionales, quienes están sosteniendo el
sistema. La falta de flexibilidad de las instituciones y la escasa coordinación
de los distintos niveles administrativos con competencias en el asunto
trasladan el peso de la acogida y la inclusión al territorio: a las ciudades,
los barrios y las calles donde los jóvenes conviven con el resto de la
comunidad.
Regularizar la situación
El Estado no ha liderado las
actuaciones como se esperaba. La competencia en materia de inmigración y
extranjería es del Gobierno central y sin los permisos de residencia y trabajo
no hay integración posible. La primera condición para que los jóvenes
participen en los programas de formación e inserción es que obtengan la
documentación para regularizar su situación administrativa, y asegurarla
también cuando alcanzan la mayoría de edad.
En cuanto a la aportación
económica, los 48 millones de euros ofrecidos a las autonomías están muy lejos
de cubrir las necesidades. Para dimensionar lo que significa, un dato: sufragar
un año en el sistema de protección de los 3.659 jóvenes migrantes llegados a
Catalunya en el 2018 costaría unos 180 millones de euros. La principal
comunidad receptora es Andalucía, que a pesar de ser uno de los territorios de
mayor llegada desde los países de origen no es necesariamente el lugar donde
los jóvenes desarrollan su proyecto de vida.
En Catalunya la respuesta de
emergencia se ha traducido en la creación de nuevos centros y plazas no
previstos en la cartera de servicios sociales, cuyo despliegue y cobertura eran
ya insuficientes. La puesta en marcha de nuevos dispositivos sin la seguridad
jurídica y económica necesarias tensiona el sistema y, sobre todo, pone en
riesgo la calidad del acompañamiento. Acoger sin integrar genera riesgos e
incumple los derechos de los adolescentes. La ley reconoce el interés superior
del menor y es imprescindible una mirada integral e interdepartamental que
alinee los distintos sistemas bajo el prisma de la protección.
La ‘respuesta de país’ debe pasar
de los discursos a los hechos. La estrategia catalana debe activar la
implicación de todo el Gobierno y los recursos necesarios para que las
actuaciones favorezcan un contexto social en que los jóvenes migrados puedan
desarrollar su proyecto vital. Lo cual pasa por itinerarios individuales
orientados a la emancipación que tengan en cuenta su bagaje previo e incluyan
la transición a la vida adulta, pero también por invertir en nuestra capacidad
de integración como sociedad más allá del sistema de protección a la infancia.
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