El sistema de protección de menores, en el banquillo per Teresa Pérez
La entidad Aprodeme, que
representa a 800 afectados, presenta tres denuncias para que se reforme el
modelo
Las familias denuncian
"retiradas arbitrarias" sin mediar un juez y sin saber las causas por
las que las separan de sus hijos
La Asociación para la Defensa del
Menor (Aprodeme), que representa a más de 800 familias a las que la
Administración ha retirado a sus hijos, presentará este martes en Barcelona una
denuncia colectiva para exigir la reforma total del sistema de protección de
menores en España. La iniciativa se tramitará simultáneamente en tres
instituciones y organismos: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, el Síndic de Greuges y en la sede del Parlamento Europeo en
Barcelona.
La denuncia, que también se
presentará en Madrid, documenta casos de cientos de niños "separados de
sus familias de forma abusiva y brutal, una decisión que toman funcionarios sin
que en ella intervenga ningún juez", señala Francisco Cárdenas, presidente
de Aprodeme y padre afectado por la decisión de la dirección general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Cárdenas vio por última vez,
físicamente, a su hija el 12 de marzo del 2009 porque, mentalmente, su recuerdo
lo tiene presente cada día.
La demanda reclama que se cumplan
varios puntos esenciales. El primero, definir claramente las causas de
desamparo (los motivos por los que la Administración quita los niños a las
familias) para evitar que se produzcan "retiradas arbitrarias".
También, que sea un juez "especialista, imparcial y experto" el que
decida el desamparo del niño y no funcionarios de Bienestar Social como sucede
actualmente. En Francia, Italia y Canadá da luz un magistrado. Los denunciantes
también reclaman la creación de juzgados especializados, similares a los de
violencia machista, para que las vistas orales sean rápidas y, por último,
solicitan a la Fiscalía que inste a la Administración "a cumplir las leyes
que protegen al menor".
Desgarros familiares
Enrique Vila, abogado que presenta la denuncia en nombre de Aprodeme y
también uno de los letrados encargados del caso de los niños robados en el
franquismo, cuestiona el actual sistema de protección que se ha convertido
"en un monstruo que se retroalimenta a sí mismo con cientos de funcionarios,
cuya cifra no se corresponde con el
número de menores desamparados". Vila tiene claro que las retiradas de los
menores de su hogar "deben ser la última opción y solo en casos extremos
de peligro físico o psíquico".
La elaboración de esta
macrodenuncia se ha realizado paralelamente a una campaña en Change.org que han
firmado 1.363 personas. Sus testimonios, muchos de los cuales se incluyen en la
demanda, muestran "sufrimiento, dolorosos desgarros familiares y con
frecuencia la ruptura de los lazos paternofiliales de forma irreversible”, señala Andreu Cruz, un
padre al que la DGAIA intentó retirarle a los niños y solo cejó cuando el
afectado emprendió una insistente campaña en las redes sociales denunciando la
situación y «un alto cargo de la Generalitat me llamó para que la frenara»,
afirma.
Lluís P., otro padre afectado, reivindica que "el
opaco sistema de protección con fundaciones y redes clientelares se sustituya
por otro transparente y protector de familias". La solución no pasa por
sacar al niño de su familia sino ayudarla a mejorar la situación, aseguran.
Delante de sus compañeros
La retirada del menor se produce
cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de
desamparo por diversas causas como divorcios complicados o alertas que observan
colegios y hospitales. Las retiradas de los menores suceden en la calle, ya que
en los hogares se necesita una orden judicial, y, mayoritariamente en los
colegios, como le sucedió a la hija de Manuela G. F., que con 10 años, la
sacaron de clase delante de sus compañeros, mientras gritaba y lloraba que
quería ver a sus padres. A la nieta de Josep Maria Puigdengoles se la llevaron
cuando estaba de colonias con otros de niños.
Tras este trámite, los pequeños
ingresan generalmente en centros de menores o pasan a vivir con algún familiar
o con padres de acogida. Y empieza el calvario padres, madres y parientes
cercanos para recuperar a los niños. Este proceso se prolonga tanto tiempo que
"los menores pierden los vínculos con los familiares biológicos y el
equipo psicosocial acaba diciendo que el regreso a su antiguo hogar será
negativo para el menor", apunta Vila. Cárdenas añade: "Existe un
riesgo grave de que el niño nunca vuelva con sus padres". Vila cita el
caso de un menor al que sus abuelos han tardado cinco años en verlo.
Protagonistas mudos
Sara G. M., fue una de estas
niñas. Con 13 años estuvo tutelada por la DGAIA durante un año y recuerda que
después de esa experiencia "mi vida cambió para siempre porque vi cosas
que no me tocaba". La hija de Rocío R. no tuvo mejor suerte "y sigue
arrastrando problemas psicológicos por aquellos años". En todo este
proceso, los niños son protagonistas mudos: "Nadie habla con ellos, nadie
les pregunta qué sienten o qué prefieren", señala una madre afectada.
Mientras dura este largo periodo
de separación son los técnicos los que deciden cuándo, dónde y cómo se ven
niños y adultos. Las visitas se suelen dar con cuentagotas. Yolanda C. solo ve
a su hijo "una hora cada 15 días y con vigilancia. Y nadie se imagina cómo
llora porque quiere volver a su casa”. A Toni Civis, padre del pequeño Toni de
casi 8 años, los separó la DGAIA, "al día siguiente de cumplir 3 años ya
lleva 5 fuera de casa. Ahora vive en acogida con una señora", dice Civis.
La familia pidió en marzo a la Generalitat que le concedieran más visitas con
el niño. Les han respondido en noviembre "diciendo que no nos dan más
porque cuando acaba la visita el niño se queda agobiado", critica
Civis.
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