Varapalo judicial a la Generalitat por la retirada de dos menores a su madre per Teresa Pérez
Un juez de Barcelona tacha de
"negligente" a Afers Socials por el desamparo de dos niños y obliga a
devolverlos a su familia.
La niña está fugada del centro y
al pequeño no lo devuelven a su casa porque la Administración alega que puede
recurrir la sentencia.
Un juzgado de Barcelona ha
ordenado al Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción (ICAA) que devuelva “de
inmediato” a su familia a los hermanos T. y P. que fueron retirados el 8 de
septiembre del 2015 y desde entonces llevan 18 meses ingresados en un centro de
menores. T., una niña que ahora tiene 14 años, ha pasado más tiempo fugada que
en el centro. “Algunas escapadas han durado seis meses”, afirma O. B., madre de
los pequeños. Y añade que la niña lleva meses sin aparecer por el recinto y
vive en una localidad del área metropolitana de Barcelona.
La Administración, para sacar a
estos menores del hogar familiar, se basó en diferentes informes, que alegaban
que los pequeños se encontraban “en una grave situación de desprotección”. Sin
embargo, el magistrado rebate las resoluciones de los profesionales afirmando
que “estaban basadas en unos presupuestos falsos que llevaron a una errónea
estimación de la concurrencia de los factores de riesgo y desamparo de los
menores”.
Por ello, el titular del Juzgado
de Primera Instancia nº 15 de Barcelona califica de “negligente la actuación de
los profesionales” que han elaborado los informes y critica su “falta de
objetividad y autocrítica y la parcialidad”. Y añade que "las negativas
conclusiones sobre la demandante que llevaron al cese del acogimiento, deben de
ser rechazadas por carecer de base científica, siendo meras opiniones de
empleados que no estaban cualificados para emitirlas".
El juez solicita que los
trabajadores R. M., C. M., R. S., C. L. y R. M. sean “excluidos de cualquier
decisión, consulta o intervención y control” de los menores. El fallo del pasado
6 de marzo requiere al Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción y a la
dirección general de Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ambos
dependientes del departamento de Treball, Afers Socials y Famílies de la
Generalitat, que “designe a profesionales debidamente cualificados”.
ECHAR DE MENOS A LA MADRE
Pese a la contundente
argumentación de la sentencia, la DGAIA no ha entregado a los menores a O.
B., madre acogedora que en el momento de
la retirada estaba en fase de preadopción de los pequeños. Los tres han formado
una familia monoparental durante siete años. La Generalitat argumenta para no
retornar al niño a su hogar (la niña está fugada) que la sentencia puede ser
recurrida. O. B. quiere que el regreso a casa del pequeño P. sea lo más dulce
posible: "Ha sufrido una gran tensión durante estos 18 meses y no quiero
que vea que reclamo por él y no salga", señala la mujer. El niño ya
manifestó en el juicio que "echaba de menos a su madre y hermana y que
cuando vivía con ellas estaba muy bien".
El caso de B. O. guarda algunas
semejanzas con el de J. M. P. que solamente consiguió sacar a la niña del
centro de menores, previa orden judicial, cuando se personó en el recinto a
finales del pasado año exigiendo el cumplimiento del fallo judicial porque “si
no recurriría a los Mossos d’Esquadra" para que le ayudaran a conseguirlo,
recuerda el afectado, y puntualiza: “Tienen mal perder”.
La resolución judicial sobre los
pequeños T. y P. viene a respaldar las reivindicaciones de las asociaciones y
profesionales que trabajan en la defensa del menor, que vienen reclamando
insistentemente que el desamparo de niños no sea mediante una “resolución
administrativa”, que intervenga desde el principio un juez.
COSTE DEL PROCESO
La abogada Sílvia Giménez-Salinas
es tajante: “¿Cómo puede ser que la retirada de un hijo, que es el bien más
preciado para unos padres, la decidan psicólogos o asistentes y no un juez?”.
Los tribunales tan solo intervienen para recuperar a los niños siempre y cuando
los afectados tengan paciencia y suficientes recursos económicos. O. B. lleva
gastados más de 6.000 euros en el proceso judicial y todavía no tiene a los
niños en casa. Normalmente se tarda hasta tres años en recuperar a los menores
retirados por la Administración.
Cuando se dicta un desamparo, las
familias biológicas, acogedoras o adoptivas tienen que cumplir un plan
individualizado para demostrar a la DGAIA que son buenos progenitores. Este
'plannig' lo elaboran “los mismos profesionales que han decidido retirarte a tu
hijo”, critica Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa
del Menor (Aprodeme). La familia tiene que cumplir esos objetivos y mientras
tanto puede ver a los pequeños una vez al mes o cada 15 días en el Espai de
Visites d'Infants i Adolescents, pero siempre vigilados por un técnico que les
llama la atención si el niño conversa con los padres en voz baja. "Yo
tardé más de un año en poder verlos", apunta O. B. Hay otros casos, como
el de T. C. que, pese a su oposición, su
hijo reside con una familia de acogida tras declararlo en desamparo.
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