Los educadores alertan del mal estado de salud de los trabajadores de los centros de menores per Elisenda Colell
Casi el 15% de estos profesionales
ha estado de baja por estrés, depresión o ansiedad
Uno de cada cuatro educadores no
es graduado pero está contratado como tal, según una encuesta hecha a 706
profesionales
El Colegio de Educadores Sociales
avisa del grave impacto en la salud mental que sufren los educadores que
trabajan en el sistema de atención a niños y adolescentes tutelados. Un 15% de
los educadores sociales ha estado de baja por estrés y el 68% afirma que su
centro no ha evaluado nunca los riesgos psicosociales. Lo expusieron este
viernes, en una jornada en Barcelona, donde dieron cuenta de los resultados de
una encuesta hecha a 706 trabajadores del sistema de protección.
“Miedo, trabajamos con miedo”.
Así de contundente fue el dictamen de Joan Dueñas, educador social y miembro
del comité de ética del colegio profesional. Miedo a las agresiones. En lo que
llevamos de año, y según datos del sindicato UGT, se han registrado 76
agresiones en los centros de menores que son de titularidad pública. Pero más
del 80% de los centros que atienden los menores en riesgo no tienen, ni tan
siquiera, un protocolo sobre agresiones que reciben de los niños y adolescentes
que atienden. “La Generalitat nos dijo que lo teníamos que negociar con cada
centro, esto es inasumible, y más teniendo en cuenta que hay algunas entidades
que no permiten tener representación sindical”, sentenció Antonio Gutiérrez,
representante sindical de la UGT. Según la encuesta del colegio, un 57% de los
trabajadores ha estado de baja, y de ellos el 12% lo ha estadopor una agresión.
Pero otro de los riesgos a los que
se exponen los educadores son, eminentemente, los que afectan a la salud
mental. “Os recuerdo que la OMS ha catalogado el 'burnout', el síndrome del
trabajador quemado, como una patología mental muy presente entre los educadores
sociales”, avisó Susanna Rubiol, especialista en prevención de riesgos
laborales. El 23% de los educadores encuestados que ha estado de baja lo ha
hecho debido a estrés, depresión o ansiedad vivida, y a uno de cada 10 esta
situación emocional le ha llevado a dejar el trabajo. “El problema está en que
hay centros privados donde los directores prohiben a los trabajadores coger la
baja, tenemos casos registrados que hemos denunciado al síndic de greuges”,
aseguró Guitérrez. Los mismos trabajadores constatan que “nadie se jubila en la
DGAIA”. Lo confirma la encuesta, que afirma que, de media, los educadores
sociales tiene entre 26 y 30 años.
Otro dato que preocupa al colegio
es la dignificación del sector. El 25% de los encuestados trabajan -y están
contratados- como educadores, aunque no tienen la titulación ni están
habilitados para ello. Otros datos que no gustan. Uno de cada tres afirma que
su centro no cumple las ratios y la mitad de los encuestados afirman que su
empresa no cumple el convenio de Acción Social. Un convenio que debía de ser
negociado de nuevo, pero cuyas negociaciones están estancadas.
Más recursos
“Nosotros no podemos aumentar
los sueldos si la Generalitat no aumenta los recursos que nos otorga”,
afirmó el director de la Confederació del Tercer Sector, Joan Segarra. En
general, la inversión que el Govern destina al tercer sector, en todos sus
ámbitos, llevan 10 años congelados, mientras el IPC ha ido aumentando. Hecho
que ha conllevado a las entidades y patronales a organizarse en una mesa
unitaria. “Con esta situación no podemos aumentar los sueldos”, dijo
Segarra. Quien también está de acuerdo en aumentar los sueldos, y por ende la
aportación es la Generalitat. Así lo afirmó la directora general de Atención a
la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Ester Cabanes, que sustentó en la
prórroga presupuestaria su incapacidad para aumentar sus pagos. “Necesitamos
ir al Parlament y aprobar un aumento del presupuesto”. Según datos que
expuso la directora, la DGAIA cubre el 60% de su gasto con fondos de
contingencia por haber agotado el presupuesto.
La directora de la DGAIA afirmó,
sin embargo, que hay motivos por la esperanza. Antes la Generalitat no podía
pedir auditorías de los centros de menores, ahora sí, después de aprobar el
nuevo sistema de pagos mediante las acreditaciones. Y explicó que, en el último
año, tras recibir algunas denuncias han multado a algunos centros, incluso
retirado la concesión del servicio. Aunque sí reconoció que la Administración
debe “hacer más” para cumplir con los derechos de la infancia en riesgo
y brindarles oportunidades “de verdad”.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada
Si voleu participar, deixeu la vostra aportació i la recollirem, animeu-vos.