Suelo opinar con frecuencia que las Comisiones de Tutela de Menores de las Comunidades Autónomas trafican en niños, aunque su mercado esté extraordinariamente bien camuflado por expertos en la materia, y suelo insistir afirmando también, que pese a lo mal que puedan estar algunas familias y algunos ambientes de ciertos barrios, son ellas, las Instituciones de Tutela y todos sus servicios auxiliares, quienes representan hoy el mayor índice y riesgo de corrupción de menores. Ocurre que cuando hago semejantes afirmaciones, una parte de los que me lo oyen se inclinan a negarme toda credibilidad y el resto quedan perplejos; sólo algunas unidades saben de qué hablo y hacen gestos afirmativos con la cabeza. Pues bien, voy a procurar explicarlo una vez más, por si a alguien de verdad le interesa.
Chapó, ante las últimas genialidades técnicas del integrismo neoliberal, para reconvertir a sectores de población ya empobrecidos en un negocio económico y político sin precedentes, mediante técnicas de asedio de baja intensidad; precisamente a sectores que nunca dieron la renta que se esperaba de ellos, que tradicionalmente han supuesto inversiones a fondo perdido y significaron siempre un irritante lastre para cualquier entidad codiciosa. Ante tan originales y atrevidas mañas para seguir sacándole rentabilidad a las víctimas ya estrujadas por la explotación, los capitostes de izquierdas e iglesia sesgan los ojos como con estreñimiento, cuando no colaboran encantados y sin rechistar.
El barrio de La Rosilla, en Madrid por ejemplo, era un vertedero humano de drogatas y balas perdidas; pues bien, sin que dejen de serlo, que la materia prima es imprescindible, lo han convertido en un pequeñito pero próspero negocio de reciclaje, en donde empresas como Trama han montado sus chiringuitos «sociosanitarios» para administrar el «intercambio de jeringuillas», los «déficits alimentarios», la «tele para drogatas», «lavandería», «ropero» y el «acompañamiento social» (ver: Diario 16, 14-XI-98). Después seguirá el chollo de administrar metadona, el de otros laboratorios y otros profesionales, y finalmente el del tanatorio, casi nunca después de los 40, lo cual tampoco tiene mucha importancia porque la población residual como dicen las encuestas cada vez es más abundante.
Claro que lo de La Rosilla sólo es un ejemplito minúsculo que se ha deslizado en la mansedumbre de los rotativos. Un negocio que de verdad se precie no es eso. Para hablar de negocio, cuando menos hay que hablar de monopolios y de trust de empresas, aplicadas con entusiasmo a dar impunidad al capital y a reciclar y rentabilizar incluso los últimos subproductos del desarrollo y la globalización.
Borrell ya lo ha dicho en Bruselas (ver: El Mundo, 6-XI-98), que yo simplemente le transcribo, «aunque nos tachen de retrógrados o neocristianos», vamos a empezar a cuidarnos de las familias, «que en España ahora no nos imaginamos la importancia que tienen». Y a renglón seguido, aunque ya no de Borrell, pero también en la prensa: «la familia es la institución más violenta después del ejército, el ámbito en el que los menores padecen en mayor grado y sólo por detrás de los conflictos armados, según la Comisión Nacional del Niño.» (ver: Diario 16, 30-X-98).
Aplíquenle ustedes a cualquier persona o grupo humano la categoría de «objeto» de alto riesgo o riesgo simplemente y ya le habrán convertido en materia de consumo para las industrias de la seguridad y la prevención, y si encima es la institución más violenta sólo por detrás de la guerra...
CREANDO CONCEPTOS
Ante todo, un negocio que se precie ha de tener las Leyes de su parte aunque para ello hubiere que hacer encaje de bolillos con la Carta Magna. ¿No queremos codearnos con los germanos en la Europa de pro? pues algún precio habrá que pagar; para eso están los abogados del Estado, se les paga ¿no?, pues ya está, ¿a qué tanto tiquis-miquis con el derecho a la intimidad y a la privacidad y a las garantías jurídicas y que si el derecho siga al hecho y que si los derechos se correspondan con los deberes? ¡qué antigualla!.
Se monta una buena fábrica de conceptos rompedores e inasequibles a la jurisprudencia, que tengan buena penetrabilidad en los medios familiares y en el entramado social: posibles «situaciones de riesgo», «grupos de alto riesgo», «tutelas automáticas» que se anticipen a los jueces, casos de «posibles desamparos», «intereses prioritarios del menor», por encima de cualesquiera otras Leyes incluida la Constitución ...por humanizar la Justicia y toda su secuela de «medidas pedagógicas» en vez de garantías jurídicas y «exploraciones y retenciones», en vez de detenciones en centros que ni abiertos ni cerrados, sino «semiabiertos».
Cuidándose muy mucho de no definir lo indefinible como lo del «riesgo», ni cuáles sean esos «intereses prioritarios» del menor; pero designando a las Instituciones Tutelares como únicas beneficiarias, en régimen de monopolio, para adueñarse de todo ese trasiego de riesgo/dineros y medidas/ poder; ¿se acuerdan?, como la CAMPSA con la gasolina en otro tiempo. Ese negocio ¿quién lo podrá obstaculizar?.
Y si hubiere algún recalcitrante que no acepta el monopolio tutelar y se empeñare en creerse parte del tejido social y en ejercer el derecho y deber de socorro, pues se le somete a la Falange de las ONGs mediante un «convenio», esto es un contrato eventual de prestación de servicios, como garantía de «coincidencia ideológica» y ya está.
Al Instituto Madrileño de Atención a la Infancia y la Familia, por ejemplo, el invento de ese monopolio que la Ley le atribuye, ya le ha rentado, sólo en este año, casi 9.000 millones de pesetas (así, con nueve ceros) que lo pone el Boletín Oficial), que distribuidos entre los 5.000 niños que esos negociantes fantasean atender, permitiría regalar a cada una de esas familias casi dos millones de pelas al año, todos los años, lo cual evidentemente no conviene hacer porque las familias se han vuelto muy peligrosos, no sea que se los gasten en vino, y mejor que el monopolio se quede los milloncetes.
En vez de las 150.000 ptas. que podría recibir al mes cada abuelilla, que son quienes de verdad cuidan a los niños en sus casas, para que se busquen las ayudas que necesiten, pues se las tapa la boca, con de 3 a 15 mil al mes, y sólo a unas cuantas a manera de alegría, a cambio de que reconozcan con su firma que todas las secuelas de la explotación y la miseria son culpa de la peligrosidad de las familias y renuncien de plano a cualquier derecho y colaboren, por convenio/contrato, que si no colaboran se les quitan los nietos y ya está.
Pero además, tenemos que comprender que pagar lo suyo a todas las aguerridas abuelas de las plazas de mayo españolas, ni sería posible porque hay demasiado «empresario» al que contentar. Disculpen que utilice la palabra «empresario» con enorme confusión, estoy profundamente confundido, sí: antes de la caída del Muro de Berlín también yo tenía clara la diferencia entre empresa pública y privada, pero ahora no acierto a distinguir.
En Getafe, por ejemplo, el Ayuntamiento hizo un convenio con la CAM por la que ésta le ingresa un fardillo de millones/año a cambio de que cuide de algunos niños peligrosos. Pero como el Alcalde no los va a meter en su casa, el Ayuntamiento ha hecho un nuevo convenio o subcontrata con Cáritas, por la que aquél le da su parte alícuota a cambio de que se cuide de los susodichos niños. Pero como Cáritas suele tener asistentes sociales en sus despachos que no están dispuestas a llevarse los niños a sus casas, pues ha hecho una nueva subcontrata de prestación de servicios, parte alícuota incluida, con una institución religiosa, la cual, como su mayor experiencia es con parroquianos que no con golfillos, hizo a su vez una nueva subcontrata con muchachos de la Universidad, los cuales, por fin ellos sí, a cambio de habitación, comida y una propinilla, se comprometen eventualmente a resolver todos los conflictos de un grupo de muchachos indisciplinados y tipificados por los jueces como menores de alto riesgo, dignos del plus de peligrosidad.
Es que las cosas que no pasen en los aledaños de Madrid, no pasan en ningún lado... ¡un momento!: tengo en este instante en mis manos un documento que alude a la Comunidad Andaluza. Por él me entero que una ONG internacional que organiza campos de trabajo, recibió para trabajar en verano, a través de otra ONG también subvencionada, a grupos de muchachos díscolos hijos de familias díscolas (en algún caso probablemente retirados de sus padres por ponerles a trabajar antes de tiempo). Pero ojo, no os lo perdáis, esa Comunidad, que se lucra de su monopolio conforme a Ley, puso a trabajar a los muchachos en la reconstrucción de un cuartel de la Guardia Civil; lo cual tiene un fuerte contenido simbólico, ya se ve, tratándose de familias y niños díscolos.
También tengo en este momento en mis manos otro expediente que se acaba de iniciar; digo que se acaba de iniciar porque es el expediente de un niño de cinco años y no sabemos lo que le quedará a la criatura por sufrir en adelante. Tiene 192 páginas y pesa 1 Kg., el expediente, no el niño.
En una primera lectura rápida y sólo en las primeras cuarenta páginas de ese farragoso, rutinario y repetitivo expediente (todos los del trust se pasan la información a todos y todos se copian de todos) han intervenido veintinueve «servicios», instituciones, ongs, empresas, negocios o como les queramos llamar y en torno a un centenar de «profesionales» casi todos o contratados o subvencionados, todo un trust especializado en investigar las fragilidades de ciertas familias por ser pobres y las intimidades de cuerpos y almas susceptibles de mayor vapuleo; negocios semipúblicos/semiprivados que en nombre del Estado aplican todo su esfuerzo empresarial a investigarnos y quitarnos los hijos, como el ejército argentino separaba a los hijos de los insurgentes, que la pobreza es la insurgencia de los negocios mejores, reteniéndolos no sé si en semilibertad, pero contra voluntad y natura.
Calculando en horas de trabajo el valor del expediente de esa criatura de cinco añitos, de momento y a grosso modo (en su día evaluaremos con exactitud) no creo exagerado afirmar que ya les ha rentado un puñado de millones. ¿Creen que existen en España muchas familias capaces de soportar semejante presión? ¿entienden ahora por qué cuando las Instituciones deciden que alguien es irrecuperable lo afirman con conocimiento de causa? ¿conseguiremos librar a esa criatura de cinco años, de esa red de intereses, cuando todos han sido entrenados para corear al unísono el slogan de que todo lo hacen en interés del menor?.
EFICACIA CORRUPTORA
A propósito de mi confusión sobre las empresas semipúblicas, les voy a formular, sólo a modo de pálido ejemplo (porque disponemos de casos similares por decenas) algunas preguntas al azar, que tienen bastante que ver con el tráfico (de los problemas) de los niños, de los pobres, y su contundente eficacia corruptora, por si alguien me las quiere aclarar:
¿Puede la Institución Tutelar obligar a una familia pobre a descuidar su trabajo eventual, con evidente riesgo de perderlo, para que acompañe a su hijo todas las semanas durante dos años a un logopeda, no porque el niño lo necesite, sino porque el ayuntamiento patrocina un chiringuito que necesita clientela? ¿y puede amenazarle de quitarle el hijo porque se resistan a seguir acudiendo?.
¿Pueden, unos empleados sin cualificación alguna, de una empresa privada, ejecutar a su antojo una detención con allanamiento de morada diciendo que la orden judicial la tiene la Comunidad, que a su vez se la dio a la empresa que a su vez se la dio a sus empleados? ¡caray con la privatización de las detenciones!.
Cuando hay divergencias fuertes entre una familia y un servicio de la Administración, sobre cuál sea el «interés prioritario del menor», ¿quién es el árbitro? y ¿quién es el cliente de los equipos multiprofesionales que interrogan al niño? ¿la institución que les paga con largueza porque sobra dinero o la familia investigada porque es pobre? ¿quién se beneficiará de esa información?, ¿y si el equipo multiprofesional lo fuera del juzgado de menores? ¿qué espacio le quedaría al principio de contradicción de que habla la jurisprudencia?.
Una persona está siendo tratada sanitariamente por una empresa no pública; con este fin recaban de dicha persona información muy reservada y delicada; pero como la persona es pobre el tratamiento lo paga una ONG. A partir de ese momento, dicha información ¿sigue siendo algo reservado o se la pueden pasar directamente a quien paga, porque paga?. Pues conozco decenas de negocios de iniciativa privada, que se reúnen con simples contratados y con voluntarios de otras ONGs y con los monopolios tutelares y servicios sociales, servicios académicos, servicios policiales, servicios judiciales y con la madre que los parió a todos, los cuales reciben sus puntuales sueldos y subvenciones por intercambiarse delicadísima información reservada que luego se utiliza en los más diversos foros, con los fines más impensables. Si será notorio el asunto que ya han anunciado la futura aprobación de una base de datos sociales que haga superflua cualquier base de datos policial.
Y es tan abundante la documentación disponible sobre estas aberraciones, que podríamos acudir al juzgado de guardia con la misma frecuencia con la que exhiben su morbo en las televisiones. Por ejemplo, tengo aquí delante la acusación cuchicheada por una asistente social a su Comunidad, sobre supuestos abusos graves en una familia, que cegó la codicia de un pelotón de folladores de la intimidad ávidos de subvenciones. La acusación que hoy ya se ha verificado falsa supuso en esa familia 12 años de indecibles calamidades. Y es lógico, porque las Comisiones de Tutela «instruyen causas» extrajudicialmente y «juzgan» si las acusaciones son simple maledicencia o delito y castigan según sus «luces» y sus posibilidades, escamoteándole al «acusado» el derecho a la defensa judicial.
Yo ya sé que todo este galimatías es resultado de los pequeños equívocos con que juguetea más de un legislador trepa, que aspira a encontrar algún hueco en la movida de Maastricht; y también sé que terminaremos por desmontarlos. Sólo pido que no sea demasiado tarde. ¿Se acuerdan de aquel cuento que estuvo tan de moda en la época de Franco, en el que detenían a tu vecino y luego a otro y a otro, pero tú no te preocupabas porque el asunto no iba contigo, y cuando fueron a por ti ya era demasiado tarde?.
Por cierto, ¿alguien sabría explicarme quién patrocina en España la campaña de adoctrinamiento de TV5, TV3, Telemadrid y etc., que a su vez patrocinan intereses alemanes y americanos no sé si del mismo trust «tutelar»?, campañas de propaganda sobre padres violadores, abuelitas asesinas, curas y maestros pederastas y otras lindezas con niños «tutelados», que saturan los teléfonos que se ofrecen para la delación e intoxican, por ejemplo, el programa infantil de las cuatro «Tarde de Cine». Películas como esa alemana 1996 que proyectó el día 10 del XI, en la que una abuelita de aspecto inocente intenta asesinar a su nieto, que por cierto era de tutela, axfisiándole con el tubo de escape, o esa otra también alemana «Sospecha fatal» 1990, proyectada el día 16 del XI, en la que una niña de corta edad sufre abusos sexuales de su padre, que la profe descubre por asesorarse con técnicos, o esa otra de TV3, del 16 del XI, en la que otra niña de ocho años víctima de los abusos por supuesto sexuales y también de su padre... ¿cómo no lo habrá notado el Defensor del Menor en cualquiera de sus tan frecuentes apariciones en la tele?, ¡o los obispos tan dados a rezar a la Sagrada Familia en las iglesias!.
NIÑOS DE IMPORTACION
Bueno, de cualquier modo, los casos más excitantes que conozco se refieren a niños «de importación». ¿Sabían ustedes que nuestras Comunidades, a derecha e izquierda, en su irrefrenable celo altruista, se han repartido las áreas de influencia en el tercer mundo? ¿será para evitar el espectáculo, tan improbable, de que dos Comunidades se pelearan por introducir en el mercado a un mismo niño?.
No me pregunten el por qué hablo de «mercado», que todos ustedes saben de sobra lo que cuestan varios billetes intercontinentales de avión en años sucesivos según las normas y la estancia en hoteles allá y acá durante dos meses. Y como los equipos técnicos de las Comunidades están colapsados de tanto papeleo y los plazos urgen, pues ya están previstos otros psicólogos del Colegio de ídem en prestación de servicios y otros de pago y los asistentes sociales y los visitadores de familia y los demás que omitiré por no cansarles. En resumidas cuentas, que en este momento se cotiza a 2.000.000 de ptas. la pieza, más otro tanto que se trajine en subvenciones.
«Como si se tratara de bienes exportables», Costa Rica denunció (ver: Diario 16, 23-XI-98) el tráfico de 6.000 pequeños costarricenses dispersos por América del Norte; pero claro, es que Estados Unidos lo hace a la ligera, no mediante empresas solventes y serias como las que ofrece nuestro país.
Me han contado y como posible lo cuento, que a la Comunidad de Madrid le ha correspondido Colombia y creo que algún país de la Europa del Este. Los niños rusos son para la Comunidad Cántabra. Pero en cambio me consta de primera mano que una ONG gallega tuvo que ¿retirarse? de Ecuador porque interfería en el negocio de una multinacional que sentó plaza con anterioridad y no estaba dispuesta a compartir su mercado. Y por cierto tuvieron que huir por piernas, porque les dijo un juez amigo que les acusarían de pederastia. Menudo disgusto.
Aunque hablando de disgustos, los hay que no tienen precio, como éste que les voy a contar. Tengo sobre la mesa la historia de un niño de la Comunidad de Castilla-León. La criatura sólo tiene 14 años, pero como desde los cinco en que lo tacharon de «hiperactivo» hasta los catorce de «muy peligroso» suelen pasar tantas cosas, con las que llenar tantas páginas que hacen rodar tantos dineros, pues a éste ya le han diagnosticado que es irrecuperable, «psicópata irrecuperable». No sé lo que le habrán pagado al psicólogo por el diagnóstico, ni lo que suelen pagarle al internado Zambrana, abierto, semiabierto y cerrado, de Valladolid, en casos de tanta peligrosidad. En otras Comunidades, abonan de 7 a 10 mil ptas. / chico / día, o sea más de tres millones al año.
Imagínense que van al médico y que les diagnostica irrecuperables por un cáncer maligno, ¿se imaginan el sofocón incluida familia y amigos?. Sigan imaginando que acuden a otro médico y les dice con la mayor contundencia y después de todas las pruebas procedentes que de cáncer nada, y acuden a otro y a otro y le terminan mirando con extrañeza por su empeño en temer el cáncer, porque el susto fue morrocotudo. Imagínense finalmente que retornaran al primer diagnóstico para exigir pruebas, y comprobasen que se trataba de una simple opinión indocumentada. Probablemente acudirían a la Justicia. Yo lo estoy haciendo por algunos niños. Lo malo es que ciertos jueces y fiscales, que no todos, me dicen que en asuntos de «menores» las Comunidades tienen el monopolio y que sólo pueden intervenir las empresas contratadas o subvencionadas, y por tanto los demás no pintamos nada y a ellos, a los jueces y fiscales, les resulta incómodo hacerse valer cuando las leyes dicen una cosa, y otras leyes «prioritarias por tratarse de menores», la contraria.
¿No nos quedará ningún otro remedio que el de avergonzar en público a ese psicólogo, llamándole psicópata, por descalificar inútilmente y con tanta insania a un chiquillo, para desculpabilizar a quienes constantemente están diciendo que no saben lo que hacer con los niños, pero que lo aguantan de buena gana porque ganan dinero a espuertas y a su vez pagan muy bien?.
¡No!. Siempre habrá maneras distintas de poder hacer mejor las cosas. Lo que necesitan los niños afligidos por calamidades y sus familias, no son fornicadores de sus aflicciones ni proxenetas de sus desdichas; sino tejido social, personas entorno, que les caigan bien y les contagien sensatez, seguridad, sociabilidad, ganas de vivir y una brizna de alegría, para que les compense el convivir.
¡Claro que nos quedan no pocos remedios! y muchos ya estamos en ello.
Tampoco os dejéis engañar cuando os digan que eso del «tejido social» es puro asistencialismo, poco profesional; temen que les descontroléis el negocio. Tramposa confrontación esa, entre asistencialismo y profesionalidad. Al asistencialismo le encanta imaginarse tradicional, caritativo, vocacional, carismático; al profesionalismo, fantasearse progresista, ilustrado, técnico, eficaz. En lo esencial son idénticos: el asistencialismo esconde bajo su imaginería una escombrera de pereza espiritual y cobardía que hiede en cuanto te acercas, el profesionalismo disfraza con distancia técnica y pedantería dogmática la misma ignorancia, pereza y cobardía, aunque añadiéndole una sobredosis de codicia, esto es, de decisión de sacarle jugo a todo. En lo esencial son idénticos. Uno y otro, sienten un infinito desprecio clasista hacia el destinatario de sus «desvelos» y lo manifiestan constantemente suplantándole a la hora de intervenir.
Todo lo contrario de entrar a formar parte del tejido social.
Lo dicho, que las instituciones tutelares de las Comunidades Autónomas están en el tráfico y la corrupción de menores y si no os lo parece es que, o sois pudientes o no tenéis niños.
Enrique Martínez Reguera
(Extraído de la revista «Canijín» - Madrid)
http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article201
